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Paso histórico en la construcción europea
Tribuna
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Salvados por la campana

La crisis fiscal griega y las probabilidades ciertas de contagio a otras economías de la eurozona han vuelto a poner al conjunto de la Unión y al resto del mundo al borde de otro precipicio. El largo retraso en viabilizar un programa de ayuda a la economía helena generó dudas adicionales sobre la sostenibilidad fiscal griega, aún bajo el amparo de la UE y el FMI, y condujo al mercado a dudar también del resto de socios europeos. La semana pasada las Bolsas de toda Europa se hundieron, los CDS de las economías periféricas se dispararon junto a la rentabilidad de su deuda soberana. La Administración norteamericana veía la situación con preocupación ante el riesgo de un nuevo crack sistémico y el miedo a una recaída del crecimiento mundial, una temible evolución en W. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de lo acontecido a cuenta de Lehman Brothers, las autoridades políticas parecen haber salvado la situación aunque ni será gratis ni aún podemos respirar aliviados.

La reunión del Consejo del pasado fin de semana parece haber revisado el marco institucional de cooperación fiscal en la Unión Europea. Por una parte, se crea un nuevo fondo de estabilización propiamente europeo dotado de hasta 60.000 millones de euros. La Comisión captará esta financiación en los mercados utilizando el presupuesto de la Unión como colateral. Además, se ha anunciado un programa de garantías públicas a la deuda soberana de los Estados miembros que podría sumar hasta 440.000 millones de euros, a lo que habría que sumar hasta un 50% adicional proveniente del Fondo Monetario Internacional que, además, supervisaría las operaciones. Junto a estas medidas, el Banco Central Europeo ha paralizado el programa de normalización de la política monetaria. En este sentido, el BCE ha iniciado la compra directa de deuda pública y ha decidido revisar las normas de las próximas subastas para hacerlas con acceso ilimitado y a tipo fijo. Así pues, en este fin de semana la UE ha conseguido salvarse a sí misma, respondiendo acertadamente a los problemas que en gran medida ella misma había creado previamente. Hemos llegado hasta aquí por la indecisión e incertidumbre y de ahora en adelante las decisiones serán entre lo malo y lo peor.

Hace algo más de un año, los Estados miembros se embarcaron en una activa política fiscal destinada a contener los efectos más negativos del crack financiero del otoño de 2008. Los estabilizadores automáticos junto a medidas discrecionales comenzaron a elevar el déficit que más tarde o temprano habría que pagar. En todo caso, aquella política permitió contener la hemorragia y en algún momento deberíamos haber iniciado la fase segunda contra la crisis. Muchos países deberían haber revisado sus estructurales fiscales para contener los déficit estructurales que se veían en el horizonte y avanzar en una agenda de reformas que permitiera elevar el crecimiento poscrisis para permitir un pago de la deuda no traumático. Especialmente, estas reformas eran más acuciantes en los países con elevados déficit por cuenta corriente y altamente endeudados (en el sector público y/o privado) ante las perspectivas de un mercado de crédito internacional más estrecho.

Pues bien, más de un año después, la estrategia de salida parece haber sido un fracaso, tal que los mercados han pasado semanas apostando por el default de economías de la eurozona, más allá de Grecia. Y este retraso no sólo no ha ayudado a activar las economías de la Unión, sino que el ajuste pendiente tendrá que ser ahora mayor y, además, con un notable control por parte del resto de socios comunitarios. El reciente acuerdo de la Unión ha permitido contener las presiones sobre algunos países, entre ellos España, pero el escenario de ajuste y reformas será ahora más acuciante. A ello responde el compromiso adicional para reducir su déficit sobre lo anunciado en el programa de estabilidad, que en todo caso, está pendiente de aclaración ante la Comisión. No hay país con futuro con un déficit estructural superior al 7% del PIB, aún cuando su deuda pública a día de hoy no esté disparada. Mañana comparece el presidente en el Congreso. Atención.

Jonás Fernández Álvarez. Director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & Asociados y profesor asociado de Economía UCM

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