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Tribuna
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Pensar en el futuro

El mundo vive su mayor crisis financiera y económica desde la Segunda Guerra Mundial. Esta profunda crisis obliga a todas las entidades, pertenezcan a uno u otro sector económico, a transitar por el tramo más duro del ajuste a la contracción de la economía española; además de prepararse para los escenarios poscrisis, caracterizados por nuevos condicionantes tecnológicos, financieros, regulatorios y socioeconómicos.

La situación de las cajas de ahorros no se diferencia en lo esencial de otras entidades financieras. Aun así, el sector de las cajas es consciente de que vive una situación difícil, derivada de la ralentización de la actividad económica, que incrementa la morosidad y, por consiguiente, las dotaciones por deterioro de activos. Se añade a lo anterior la evolución desfavorable de los márgenes financieros. Esta situación requiere de un rápido y vigoroso reposicionamiento de las entidades crediticias para poder afrontar con garantías de éxito el nuevo escenario de negocio.

Las cajas de ahorros españolas han constituido, en sus casi dos siglos de historia, una palanca esencial en el desarrollo económico de España, fomentando el ahorro en todas sus modalidades y habiendo contribuido de forma muy importante en la mejora de la calidad de vida de los españoles, en términos de renta, sanidad, educación y cultura, entre otras cuestiones. Para poder seguir cumpliendo con sus objetivos fundacionales, las cajas necesitan evolucionar y adaptarse a esos nuevos escenarios económicos y financieros, manteniendo sus vínculos territoriales-fundacionales, pero sin perder de vista que el mercado financiero español es único.

De ahí que para las cajas sea absolutamente imprescindible buscar los instrumentos de capitalización mejor adaptados a las características de cada entidad, al tiempo que se preserva su naturaleza jurídica y la labor social que desarrollan desde su fundación. En las cajas de ahorros, la actividad financiera y la obra social constituyen un binomio en el que ambos componentes son inseparables; no se puede entender la forma en que abordan el negocio las cajas de ahorros, si no es por el fin que se persigue al realizarlo: obtener beneficios para poder autofinanciarse, crecer y atender al mayor número posible de personas con el fin de evitar situaciones de exclusión. De la misma manera, no es posible que la obra social extienda su influencia a toda la sociedad si, previamente, no se obtienen beneficios de la actividad empresarial

Asimismo, las cajas de ahorros, al igual que otras entidades financieras, tienen que estar preparadas también para afrontar el tsunami regulatorio que se avecina. Lo que conlleva la necesidad de reestructurar el sector bancario cuanto antes. En este sentido, resulta muy útil la reciente legislación que regula los SIP, sistema de protección, aunque aún se pueden realizar mejoras en cuestiones legales, contables, fiscales y de estructura. En este sentido, un SIP puede estar perfectamente anclado en un establecimiento financiero de crédito (EFC), pero plantea problemas cuando esas posibles cajas SIP tienen sucursales fuera de sus comunidades; en cuyo caso, si se quiere integrarlas todas, un establecimiento financiero de crédito no sería suficiente.

Sería necesaria una entidad de depósito y crédito, y con independencia de poder utilizar la figura de un Banco (teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de las cajas, lo más coherente sería que existiese también la posibilidad de que, esa entidad de depósito y crédito, fuera una agrupación de cajas de ahorros, en la cual, bajo ese paraguas, se puedan incluir todas las sucursales, y en cuyos órganos de gobierno estén sólo los presidentes y directores de las cajas de ahorros que intervienen en ese SIP).

Otra de las cuestiones clave es la conveniencia de promover un acuerdo de todo el sector público que facilite un marco normativo en el que las cajas, actuando responsablemente, puedan mejorar, con garantía de futuro, su función financiera. De ahí, la satisfacción de las cajas por el reciente acuerdo anunciado por el presidente del Gobierno, tras la reunión mantenida con Mariano Rajoy, para reformar la Ley de Cajas en un breve periodo de tiempo. La Lorca dice que en los órganos de gobierno de las cajas deben estar representados los distintos grupos sociales con interés legítimo, pero equilibradamente, sin que ninguno de ellos predomine.

De ahí, la conveniencia y oportunidad de ajustar el número de representantes de los distintos stakeholders que, en algunas ocasiones, hayan podido romper el equilibrio que propugna la Lorca en los órganos de gobierno de las cajas.

En definitiva, las cajas de ahorros deben afrontar una serie de reformas (como el ajuste de su red de sucursales, que ya se ha iniciado) que garanticen su futuro como entidades solventes, eficaces y competitivas.

José A. Olavarrieta Arcos. Director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)

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