Uniones para acceder a las obras públicas
El Ministerio de Fomento tiene la loable intención de incentivar la participación de las medianas y pequeñas constructoras en las obras del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), dotado con 17.000 millones, y cuyas licitaciones deberán estar completadas en año y medio. En cierta forma, supone una democratización de la obra pública. A tal fin, desde el departamento se ha adoptado una doble estrategia. Por un lado, se han segmentado las obras en contratos que pueden rondar los 100 millones, lo que pretende abrir el abanico de las empresas capacitadas para licitar. La otra vía es fomentar las concentraciones, más o menos durables en el tiempo, de empresas que cubran todo el espectro de la obra para poder acceder a los proyectos.
El PEI tiene la peculiaridad de que combina la financiación pública y la privada, lo que en la práctica exige que las empresas interesadas no sólo sean capaces técnicamente de afrontar obras complejas, también se les exige fortaleza económica y de capital. El Gobierno busca con ello retrasar la imputación de estas obras en los Presupuestos sin agravar, por tanto, el déficit público, aunque también intenta comprometer a las constructoras y las concesionarias en el riesgo de la operación.
Y de paso, está auspiciando un proceso de concentración en el sector, que todavía adolece de gran segmentación, con centenares de empresas de ámbito regional y local. Estas empresas tienen difícil ganar los concursos estatales frente a los grandes grupos constructores y concesionarias nacionales, los únicos capacitados económicamente para asumir las exigencias de riesgo y capital impuestas en el PEI. La concentración, sin duda, generará beneficios en todos los frentes y la competencia ganará con la entrada de nuevos actores que podrán pujar con los grandes conglomerados. Para las empresas, supone un fortalecimiento de las estructuras, indispensable para diversificar su actividad y, sobre todo, buscar nuevos mercados en el exterior. Y esto es indispensable para afrontar el futuro, porque el elevado ritmo de licitación de las grandes obras de infraestructura no continuará eternamente en España.
La decisión de Fomento de incentivar las uniones y concentraciones es un acierto. Ahora bien, participar en las obras del PEI no equivale a repartírselas como un pastel de cumpleaños. Sería una acción contraría a la competencia y castigada por la ley, por lo que las reuniones de las patronales para fomentar los acuerdos de sociedades tienen que huir de posibles pactos colusorios. La unión de las empresas permitirá que aspiren a nuevos proyectos, pero en ningún caso será suficiente y condición única para ganar la concesión. Huelga decir que deben primar el precio, la financiación y la capacidad técnica.