TRIBUNA

Ha llegado el momento de las reformas

S&P ha rebajado la calificación de nuestros títulos de deuda pública. No son buenas noticias, pero las debemos situar en su contexto. Por un lado, las agencias de rating dilapidaron buena parte de su reputación durante la pasada crisis financiera.

No fueron capaces de advertir que los instrumentos financieros que contenían hipotecas subprime, los ya famosos CDO, incorporaban un importante riesgo y eran vendidos alegremente por todo el sistema financiero global luciendo las mejores calificaciones. Sin duda, este desliz fue una de las razones por las que la crisis se extendió por todo el sistema financiero y de éste a la economía real.

Pero no sería una buena idea contentarse con esta justificación. Si el río suena agua lleva. Podemos, quizás, prescindir de los ratings de las agencias. Pero hay una variable que no se debe perder de vista: el tipo de interés de la deuda pública española. En los últimos meses la deuda pública griega ha visto rebajada su calificación de forma repetida, pero el verdadero problema se produjo cuando los inversores empezaron a exigir una elevada prima de riesgo, ante las dudas de que el Gobierno griego fuera capaz de pagar toda su deuda.

El bono griego subió hasta un 7%, 4 puntos por encima del alemán a pesar de estar ambos denominados en euros. Y ha superado el 11% a pesar del compromiso de rescate del resto de los países europeos.

La situación de la economía española no es tan grave como la de Grecia. Pero algunos datos dibujan un panorama complicado: seremos la única gran economía que en este 2010 aún no crecerá, nuestra tasa de paro es la más alta de la zona euro y lastra la recuperación económica, nuestra deuda externa es muy elevada.

Tal como indicamos en el último Informe Económico de Esade, nuestra economía no se puede permitir el lujo de que los inversores internacionales empiecen a mostrar dudas sobre su solvencia y exijan tipos más altos para comprar nuestros bonos.

Creemos que ha llegado el momento de iniciar una serie de importantes reformas en distintos ámbitos. Cuanto más tarden en llegar estas reformas, mayor será el peligro de experimentar problemas parecidos a los que está viviendo la economía griega.

El primero de estos ámbitos son las cuentas públicas. Hay que reducir el déficit público y esto no va a ser posible tan sólo con un moderado aumento de la actividad (que en realidad aún no ha llegado) y el aumento previsto de dos puntos del IVA.

Para volver a un déficit del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) se deberá reducir el gasto corriente.

Y, para ello, deberán afrontarse temas delicados, pero urgentes: reconsiderar qué volumen de funcionarios se puede permitir la economía española, racionalizar el gasto en algunos servicios públicos mediante la introducción de mecanismos de copago, o dada la pirámide de población existente, estudiar la viabilidad del actual sistema de pensiones. Ello debería dejar espacio, no obstante, para el estímulo fiscal de las empresas de aquellos sectores de alta productividad que puedan tirar de la economía en el futuro. La primera columna en que sustentar nuestra competitividad.

Un segundo ámbito es el mercado de trabajo. La actual dualidad entre contratos temporales y contratos indefinidos, aparte de poco equitativa, es ineficiente. Las empresas no tienen incentivos para gastar dinero en la formación de personas que pronto dejarán de trabajar para ellas. La economía española puede estar perdiendo la batalla del capital humano, la segunda gran columna donde sustentar la competitividad.

El sector financiero debe también llevar a cabo las reformas necesarias para que el crédito vuelva a fluir de forma natural, sobre todo hacia las pequeñas y medianas empresas que tienen más dificultades de acceso a la financiación en los mercados de capitales.

Y, por último, el mundo empresarial debe comprometerse a apostar más por el crecimiento sostenido que por la rentabilidad a corto plazo.

Son todas ellas reformas difíciles, pero se deben afrontar. Posponer las reformas sólo servirá para que los costes a pagar sean finalmente más elevados, tal como le ha sucedido a Grecia. También son reformas que conllevan un importante coste social y que van a despertar encendidas reacciones.

Por este motivo, sería deseable que, más allá de las luchas partidistas, se alcance un amplio acuerdo parlamentario que permita empezar a desarrollarlas lo antes posible. Sin alarmismos, pero sin pausa.

Josep Manel Comajuncosa. Profesor de Economía de Esade