Lluvia de enmiendas a la Economía Sostenible
Este martes quedará prorrogado el primer plazo para enmendar en el Congreso el proyecto de Ley de Economía Sostenible, considerado por el equipo económico del Gobierno como la norma estrella de la legislatura, ya que contribuirá, de manera decisiva, a cambiar el modelo de crecimiento. El PSOE tendrá que sacarla con fórceps del Parlamento: la mayoría de los grupos de oposición, PP incluido, la enmendarán a la totalidad para abordar una especie de revival del debate presupuestario en una coyuntura si cabe más delicada que la de hace cuatro meses. Además de pedir la devolución al Consejo Ministros del proyecto de ley, algo que José Luis Rodríguez Zapatero evitará con la ayuda de CiU, de Coalición Canaria y, quizás, del PNV, los partidos inundarán el debate de enmiendas parciales, pues el ámbito de aplicación de la norma es tan amplio como impreciso y está provocando el efecto llamada de buena parte de los lobbies que se mimetizan con la actividad parlamentaria. La dirección del PP también ha convocado para esta semana una reunión en la que estudiará la estrategia a seguir en este trámite legislativo.
El proyecto ha entrado en el Congreso con críticas unánimes que comparten, por diferentes motivos, el Consejo de Estado, la patronal CEOE, el Consejo Económico y Social, el llamado G-14 y economistas de todas las tendencias, entre ellos Carlos Solchaga y Jordi Sevilla. En unos casos, se ha enfatizado lo que la norma tiene de cajón de sastre, de ausencia de un cuerpo doctrinal que vertebre las prioridades y defina objetivos concretos. En otros, se ha acentuado la carencia de medidas concretas para frenar la destrucción de empleo, para reformar el sistema educativo o para reactivar el sector de la construcción. Entre el fuego cruzado de todos los intereses que el proyecto de ley pone en juego, en el discurso del Gobierno ha prevalecido la importancia que la iniciativa puede tener para reforzar la competitividad con medidas que afectan a la reducción de las trabas administrativas, la dinamización en la creación de empresas, la disminución de la morosidad o la mejora de la cooperación público-privada. Desde Economía, se insiste en que la ley, una vez se aplique, contribuirá a aumentar en varias décimas el crecimiento potencial.
El calendario aprieta
Las catalanas y el poder en las diputaciones vascas, en el próximo juego presupuestario
El problema, según fuentes socialistas, es que el proyecto de ley entra con retraso a debate en el Parlamento en un momento económico muy convulso que está provocando un distanciamiento creciente del Gobierno por parte de la mayoría de las fuerzas políticas, como se ha demostrado recientemente en el llamado diálogo de Zurbano. Ningún partido quiere aparecer en estos momentos como compañero de viaje de Zapatero porque el calendario electoral aprieta y casi nadie confía en la capacidad del actual Gobierno para enderezar una situación económica que coloca a España, en términos de evolución de los principales indicadores, a la sombra de países como Grecia y Portugal, y casi al mismo nivel que el país luso en cuanto a la desconfianza que su endeudamiento genera en los mercados internacionales.
Más allá de los juegos contables, ningún grupo del Congreso ha reído el chiste de Zapatero mediante el que la semana pasada pretendió demostrar que el plan de rescate a Grecia, ya activado, iba a significar un negocio para el Tesoro español. El tam-tam de los mercados inquieta al Gobierno y provoca una creciente desconfianza hacia el mismo de los grupos de la oposición, máxime cuando en breve se tratará de apoyar una Ley de Economía Sostenible cuyos efectos prácticos sobre el crecimiento es difícil que se perciban antes de un lustro, como mínimo.
El debate que se avecina va a ser el aperitivo del gran duelo presupuestario que llegará en otoño al Congreso, en el que Zapatero, probablemente con un Gobierno renovado, tendrá poco que ofrecer. Ya se avanzan algunos primeros movimientos para salvar las cuentas del año que viene: por ejemplo, ofrecerle garantías al PNV de que, ocurra lo que ocurra en los comicios municipales, no se atentará contra su hegemonía en las diputaciones de Álava y Guipúzcoa. A priori, sería el único precio por el cual el nacionalismo vasco estaría dispuesto, de nuevo, a acudir en socorro del Gobierno para permitir que agote la legislatura.
Claro que también es posible que CiU recupere la Generalitat en octubre y la estabilidad parlamentaria del Gobierno mejore con el apoyo del nacionalismo catalán. De hecho, esta es la principal apuesta de Zapatero.