IATA justifica la retirada de la licencia a Marsans por no presentar los requerimientos financieros a tiempo
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) justificó hoy la retirada de la licencia al grupo Marsans dentro del sistema de los BSP -banco que paga a las compañías para la emisión de billetes de aerolíneas-, por "no proporcionar los requerimientos financieros necesarios dentro del plazo fijado y de acuerdo con los criterios financieros establecidos a nivel local".
Fuentes de la IATA recordaron a Europa Press que con este sistema la asociación gestiona la transferencia de dinero proveniente de las ventas en efectivo de billetes de avión entre las agencias de viajes acreditadas y las aerolíneas, actuando como una tercera parte "independiente".
El BSP de la IATA funciona desde 1971 y procesa más de 240 millones de dólares (179 millones de euros) anuales, pero para proteger la integridad del sistema, y asegurar la "efectiva y eficiente" transferencia de fondos, opera siguiendo "estrictas normas" y procedimientos obligatorios para todas las aerolíneas y agencias de viajes acreditadas por la asociación.
"El BSP de la IATA suspendió al grupo Marsans en España de acuerdo con estas normas y procedimientos", concreta la asociación, que se compromete a seguir reforzando "vigorosamente" los términos de acreditación de las agencias para beneficio del sector y de las aerolíneas miembros.
Denuncia
El grupo Marsans, propiedad del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de su socio Gonzalo Pascual, presentó ayer una denuncia contra la IATA por la decisión de retirarle la licencia para la venta de billetes de avión. La IATA retiró el martes a Viajes Marsans la licencia para la venta de billetes de avión, compañía a la que exige un aval de 20 millones de euros para recuperarla.
En un comunicado, Viajes Marsans confirmó que sus abogados han presentado ya una demanda por "daños y perjuicios" alegando que "en ningún momento ha incumplido con ninguno de sus compromisos de pago" con la IATA.
La compañía considera la decisión "injusta y desproporcionada", pese ha haber recibido comunicaciones de advertencia por parte de la asociación, al no establecer un plazo para darle solución.