Los cargos públicos podrán ir a la cárcel por condenas de corrupción
La ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso encargada de la reforma del Código Penal llegó ayer a una serie de acuerdos para endurecer las penas por corrupción por parte de funcionarios o cargos públicos y aquéllas que se aplican a los particulares implicados en estos delitos. Entre otras cosas, se expondrán a ser condenados a ir a la cárcel los funcionarios o autoridades que intervengan en la concesión de contratos de los que busquen obtener beneficios. Ahora, sólo se preveía multa e inhabilitación.
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, estas modificaciones ya se han incorporado mediante varias enmiendas transaccionales al informe de la ponencia aprobado ayer. La Comisión de Justicia tiene previsto reunirse el día 21 para emitir su dictamen sobre la reforma, que será votado en el Pleno del Congreso una semana después para su remisión al Senado. Una de las novedades pactadas afecta al artículo 239, que incluirá penas de prisión para las autoridades o funcionarios públicos que "intervengan" en cualquier clase de "contrato, asunto, operación o actividad" y aprovechen su cargo para beneficiarse de esos negocios o actuaciones, ya sea directamente o mediante otra persona interpuesta.
La normativa vigente establece una multa de entre uno y dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de entre uno y cuatro años. A estas penas se añade ahora un periodo de prisión de seis meses a dos años. PSOE, PNV y ERC-IU-ICV acordaron modificar el artículo 320 del Código Penal para castigar con un mínimo de un año y seis meses hasta cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses a las autoridades o funcionarios que informen favorablemente, a sabiendas de su injusticia, sobre instrumentos de planeamiento que concedan licencias contrarias a las normas de ordenación territorial.
Los particulares
La reforma prevé elevar de uno a dos años la pena prevista para el particular que influya en un funcionario o autoridad aprovechándose de su relación personal con éste o con otro funcionario para conseguir una relación que le pueda generar un beneficio económico.