Ofensiva de medidas anticrisis
El Gobierno presentó ayer el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) que supone inversiones en nuevos corredores ferroviarios o autovías por valor de 11.000 millones de euros, más otros 6.000 millones destinados a mantenimiento de las redes. En la práctica, el plan acelera obras ya previstas en planes anteriores, pero todavía no licitadas. El fin último es mejorar las infraestructuras y, de paso, garantizar una cartera de pedidos a las constructoras que contribuya a absorber la abultada bolsa de desempleados del sector. Con ello, Fomento confía en dar trabajo a 400.000 personas.
El Gobierno recurre a las recetas keynesianas más puras inyectando fondos públicos a una economía que no acaba de despegar y sigue necesitando respiración asistida. Del plan presentado ayer por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no se pueden esperar milagros inmediatos, pues el empleo que generen las obras difícilmente echará a andar antes de 2012. Por mucho que se quieran acelerar las licitaciones, los plazos seguirán siendo largos y, como ayer mismo reconocía el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, la ocupación perdida en esta recesión no se recuperará en tres meses. Por ello, el Gobierno se ha decidido ya a acelerar cuanto pueda los planes económicos que ha diseñado, así como algunas de las reformas más demandadas por los expertos, para tratar de cambiar el ciclo.
Tras dos años dando palos poco certeros con el gasto público, con planes municipales de obra que no suponían otra cosa de parches temporales al empleo sin proyección de crecimiento alguna, ahora el Gobierno se ve obligado, por necesidad de restricción presupuestaria, a pensar el destino de cada euro que gasta. Así, al margen de haber logrado el concurso del Banco Europeo de Inversiones y del ICO, ha arrancado un compromiso a las empresas privadas para la construcción y mantenimiento de las infraestructuras, dilatando la presión del gasto sobre el déficit público vigilado por Bruselas. Además, los proyectos tienen la transversalidad mínima para convertirse por sí mismos en motores del crecimiento, o en multiplicadores horizontales del mismo cuando llegue la recuperación.
El plan camina de la mano de la Ley de Economía Sostenible, y del paquete de ayudas que seguramente este mismo viernes saldrán del Consejo de Ministros tras una poco fructífera negociación con los partidos políticos. Y también de una última propuesta de reforma laboral que, aunque no entra en las cuestiones de fondo, pretende agilizar la contratación de jóvenes y generar empleo a tiempo parcial. Pero para que el efecto de todas las medidas sea enriquecedor, la reforma no puede esquivar las instituciones laborales (contratos, despidos y convenios) que determinan directamente los costes y de cuya evolución depende buena parte de la competitividad de las empresas españolas.
