Un nuevo marco legal para las cajas
No cabe la menor duda de que cuando los eruditos de la historia económica española pasen revista a estos años de crisis destacarán de manera muy notable la reforma del sector financiero. Y muy en especial, la de las cajas. Si esa transformación se recordará como un éxito o un fracaso depende de las decisiones que se adopten en los próximos meses, posiblemente desde ahora mismo a finales de año. El consenso generalizado indica que el mundo de las cajas ha entrado en un imparable proceso de no retorno, que ya ha transitado por varios hitos: la intervención de Caja Castilla La Mancha (hace ahora exactamente un año), el pacto entre los grandes partidos políticos a nivel nacional para poner en marcha el FROB o el visto bueno del Banco de España a tres fusiones (las dos catalanas, más Caja Duero y Caja España).
Sin embargo, el camino por recorrer parece más largo y empedrado que el tramo ya cubierto. El primer obstáculo a superar será concretar el mapa de las fusiones ya abierto; caso, por ejemplo, de las cajas gallegas, que ayer dieron un paso en ese sentido. En este punto, la fecha clave es el fin del primer semestre, dado que es el margen de maniobra que Bruselas ha dado a las entidades para hacer uso del FROB. Cabría la posibilidad de solicitar y lograr una ampliación de plazo hasta final de año; pero, de momento, y con buen criterio, las autoridades españolas no están por la labor. Tanto el Gobierno como el Banco de España quieren que el proceso de fusiones se acelere de una vez por todas. De ahí que el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fuera tan contundente en su última aparición pública, en la que amenazó con intervenir aquellas entidades que obstaculicen fusiones necesarias. Y de ahí que la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, haya incluido en la última propuesta de pacto anticrisis medidas que agilizan el uso del FROB, así como otras que clarifican el terreno de juego de las fusiones virtuales.
Sin embargo, la revolución de las cajas no ha de quedarse ahí. Así lo han entendido tanto el Ejecutivo como las entidades. Por ello, ya están empezando a cruzarse ideas con vistas a reformar la principal norma que rige en el sector, la Lorca. Su intención es entrar a fondo en ella a a lo largo del segundo semestre del ejercicio en curso.
Estas profundas reformas deben tener como objetivo conseguir unas entidades más modernas, con mayor tamaño; mejor capitalizadas, por lo que es imprescindible arbitrar mecanismos que faciliten la entrada de fondos sin que eso signifique desnaturalizarlas, y con una gestión claramente profesionalizada e independiente de los poderes políticos. Sólo así se logrará que un sector que representa la mitad del sistema financiero español esté en condiciones de apoyar al tejido productivo, de ser rentable y de aguantar los vaivenes de las inevitables crisis futuras.