Que la función pública ponga el hombro
El simple hecho de que el secretario de Estado de Hacienda abriese la puerta a la posibilidad de congelar los salarios de los funcionarios, para adaptarlos al delicado momento económico y ayudar al freno del enorme déficit público, produjo, hace poco más de un mes, una extraordinaria tormenta dentro y fuera del Gobierno. Se saldó con un desmentido público de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a Carlos Ocaña y una pobre justificación que descargaba la responsabilidad en "fallos de comunicación". Por si quedaban dudas, la responsable directa de la función pública, Consuelo Rumí, abrió la semana pasada la mesa de negociación con los representantes sindicales de los funcionarios con el mensaje de que "el Gobierno se compromete a cumplir e impulsar el acuerdo firmado", que establece una senda de incrementos salariales moderados -el 0,3% este año- hasta 2012.
Pero la lógica del "objetivo de austeridad" marcado por el Ejecutivo parece aconsejar otra cosa. Mientras las condiciones laborales de los empleados públicos no se van a ver alteradas en España, en la mayoría de los países europeos se están ajustando no sólo los salarios, sino también las prestaciones. Y no es sólo el caso de Grecia, donde la fuerte crisis de la deuda llevará a los funcionarios a sufrir un recorte del 30% por supresión de pagas extraordinarias. Por poner algunos ejemplos, en Reino Unido y Portugal se van a congelar los salarios, y en Francia, la reforma de las pensiones pretende quitarles algunos privilegios y la tasa de reposición laboral se ha reducido a la mitad.
Lo más llamativo es que el problema del sector público en España no es, en términos generales, de dimensión: hay 2,7 millones de funcionarios, un 14% de la población ocupada, muy por debajo de países del entorno. En Suecia, con 1,2 millones, suponen un 34% de los ocupados, y en Francia, con 6,7 millones, un 29%. En términos porcentuales, España sólo tiene más funcionarios que Portugal.
La principal incoherencia proviene de las subidas salariales acumuladas. En los últimos 10 años, los aumentos pactados se han mantenido en torno al 2%, casi siempre por debajo de la inflación, aunque al final siempre por arriba a causa de la aplicación de complementos de productividad, pluses de antigüedad o incentivos de las distintas Administraciones. Para 2009, con una crisis galopante, el incremento fue del 2%, al que se sumaron capítulos como las pagas extra que elevaron la subida al 3,875%, cuando la inflación fue del 0,8 y la subida pactada en convenios privados, del 2,4%. La reflexión a hacer es si con el déficit disparado, un plan de ajuste de 50.000 millones, reestructuraciones laborales y salariales en todos los sectores privados y una recuperación que no llega, es coherente que los gastos de personal del sector público se hayan disparado, como ha ocurrido, un 4,6% en los dos primeros meses de este año.