Zurbano o el 'revival' de la geometría variable
El gran acuerdo económico entre los principales partidos que el rey Juan Carlos reclamó en febrero pasado para facilitar la salida de la crisis se ha quedado reducido en los pactos de Zurbano a un rosario desordenado de consensos puntuales que el Gobierno podría haber sacado adelante en el Parlamento sin grandes esfuerzos valiéndose, sencillamente, de su dilatada experiencia en la llamada geometría variable. La foto definitiva que busca el Ejecutivo con los diferentes partidos, ahora pospuesta hasta después de Semana Santa, no es, pues, una instantánea que retrate pacto de Estado alguno ya que ninguna de las medidas del documento, todavía provisional, pueden contribuir de manera decisiva a la superación de la crisis, todo lo más a amortiguar algunos de sus efectos secundarios en sectores muy concretos.
Esto es así porque Rodríguez Zapatero no quiso desde el principio someter a los pactos de Zurbano ni la reforma laboral que descansa en el diálogo entre sindicatos y empresarios, ni la reforma de las pensiones, encauzada a través de la comisión del Pacto de Toledo, ni tampoco un ajuste global del gasto público, como le ha ofrecido negociar el PP. La política fiscal en su conjunto ha quedado igualmente excluida del perímetro de estos acuerdos parciales.
A la espera de que se produzca la remodelación ministerial que hace tiempo ha introducido al Gobierno en un ambiente de provisionalidad, la foto final en el Palacio de Zurbano ni siquiera le servirá a Zapatero para exteriorizar que no está tan solo como algunos piensan, a la vista de las ausencias definitivas ya anticipadas por importantes grupos de la oposición. A los partidos que firmen el documento, si es que finalmente los hay, el retrato les valdría para demostrar ante su abanico clientelar que han hecho disciplinadamente los deberes. Por lo demás, el tridente que seleccionó el presidente para negociar se sospecha que está consolidado como núcleo duro del Gabinete, en detrimento de la proyección de otros miembros como la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega , el vicepresidente Manuel Chaves o el titular de Trabajo, Celestino Corbacho.
Al rosario de acuerdos puntuales podía haberse llegado en el Parlamento
El argumentario distribuido por el Ejecutivo para ayudar a escudriñar el fondo de las medidas propuestas, cuya aprobación se ha pospuesto hasta el 9 de abril, se parece mucho a la venta de las 137 medidas de las que Zapatero presume haber puesto en marcha para responder a la crisis económica. Este argumentario es curioso por algunas de las conclusiones que encierra. La primera es que iniciativas como la aplicación de un IVA reducido del 8% para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda, la deducción de estas obras en el Impuesto sobre la Renta o el plan de rehabilitación y eficiencia destinado a ahorrar un 20% del consumo energético, promoverán empleo "de forma inmediata", hasta llegar a los 350.000 nuevos puestos de trabajo en el horizonte de dos años.
La segunda conclusión que extrae el Gobierno es que a partir de los créditos que por un importe máximo de 200.000 euros concederá directamente el ICO con cobertura de riesgo del 100%, ninguna pequeña o mediana empresa quedará a partir de ahora sin financiación. El Ministerio de Economía considera también que con el acuerdo de Zurbano se promovería la competitividad de la economía porque aumentaría su base exportadora, mejoraría la financiación para la internacionalización de las empresas, crecería la competencia en el mercado de la electricidad y se daría un empujón a las políticas de I+D+i, transportes y vivienda, junto a otras relacionadas con la modernización de la administración y del turismo. En el Gobierno se considera también que el documento sometido a consenso será de utilidad para renovar el modelo productivo y cumplir con el plan de consolidación fiscal.
Sin embargo, la lógica dicta que el esfuerzo hecho por Elena Salgado, José Blanco y Miguel Sebastián quedará cojo al no haber conseguido suscitar la aprobación del PP, que gobierna seis comunidades y más de 3.000 ayuntamientos, en asuntos de gran relevancia. Rajoy echa en falta en el documento cambios fiscales profundos, incluida la rebaja de las cotizaciones sociales, cambios en el sector público que delimiten competencias y eviten duplicidades, una reforma laboral eficaz para combatir el paro, medidas para garantizar la unidad de mercado y el aumento de la competencia en sectores estratégicos. El PP añade a todo ello la ausencia de una hoja de ruta clara para abordar la reforma del sistema financiero, mapa en el que prioriza la reforma de la ley de cajas.
Cuando el PP y el resto de los grupos parlamentarios recibieron el pasado jueves el documento del Gobierno para que introdujeran sus últimas observaciones, el diagnóstico más compartido fue que para este viaje no hacían falta estas alforjas. Hubiera bastado solo con exprimir la geometría variable que le está valiendo al presidente para transitar mal que bien por esta su segunda legislatura, sin necesidad de arriesgarse al ridículo. Al final, en lugar de exhibir fortaleza, lo que se ha fotografiado es la debilidad y la forma en que la oposición ha conseguido condicionar la agenda del Consejo de Ministros.