¿Visión de Estado o insumisión de Estado?
Sentada la premisa considerada desde partidos políticos con visión de Estado, como es el caso del PP, sobre si es oportuna la subida o no de impuestos en un contexto de reconstrucción de equilibrio y estabilidad presupuestaria, es obligado reconocer que España necesita ajustar elementos de la estructura fiscal que puedan recuperar los resultados macroeconómicos en un momento de crisis, desde el concepto de distribución e incentivar fiscalmente para mejorar la competitividad exterior de la economía española, prioritarias en la actuación de la política económica de nuestro país.
Durante los últimos treinta años, la creación y consolidación de las comunidades autónomas ha constituido sin duda uno de los cambios más importantes introducidos en la estructura organizativa de nuestro país. Para ello, se han ido otorgando de manera progresiva competencias en materias que hasta entonces habían desempeñado propiamente el Gobierno de España, encontrándonos en áreas como educación, sanidad o vivienda exclusivas en la gestión por parte de las comunidades autónomas, también partes integrantes del Estado, dicho sea de paso. De hecho, el peso del gasto autonómico sobre el total del gasto público supera ya ligeramente el 35%, mientras que la Administración central, aunque sin contar con la Seguridad Social descendería a solamente el 20% del total del gasto público, sensiblemente por debajo de las comunidades autónomas.
Es un tanto incongruente que mientras existen voces autonómicas -aunque parecen ser los de siempre- exigiendo al Gobierno de España la inmediatez en el pago de los anticipos en la financiación de las comunidades autónomas, por cierto, lógicamente también afectados por la bajada de recaudación, a su vez, sean las mismas voces quienes llamen a la rebelión para ejercitar la insumisión fiscal con respecto a la subida del IVA aprobada en los Presupuestos Generales del Estado.
El cumplimiento fiscal es una cuestión de ciudadanía, y como tal, la llamada a la insumisión reviste un fenómeno complejo de las tesis conservadoras, difícilmente explicable, anacrónico en lo que respecta en los valores éticos de justicia y solidaridad.
Si bien hace escasamente pocos días, los datos del Banco Central Europeo, que en todo caso no pueden tacharse como progresivos sino ecuánimes o neutrales, indican que la presión fiscal de España en la UE es de las más bajas, con un 33,1% sobre el PIB; en Francia se sitúa en el 40,3%, en Italia el 42,5% y en Alemania el 39,9% del PIB, y la media de la zona euro ronda un 38,7%.
Pero si ahondamos en la práctica en la subida del IVA, no fue el Gobierno de España, en primera instancia, ni el PSOE ni siquiera quien propuso la medida en primer término. Voces desde la CEOE, FAES, Instituto Familiar y ratificado por el PP proponían ya en el 2008 esta subida para equilibrar las cuentas públicas. Esas voces que piden ahora rectificación de la política económica, esas voces que llaman a la rebelión de las comunidades autónomas, esas voces que alertan a los ciudadanos de que se está poniendo en peligro su poder adquisitivo, son las mismas que vivieron a espaldas de la burbuja inmobiliaria, que no explicaron a los ciudadanos que las ventajas y desventajas de endeudarse, esas voces que no arriman el hombro en políticas activas de empleo, y que son además las que más paro registran -véase comunidad autónoma Valencia, Murcia, Madrid, Castilla y León, entre otras-, pretenden además deslegitimar el Estado.
Yolanda Vicente González. Senadora por Álava y portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos del Grupo Socialista en el Senado