La reforma de la FAD
Bluefields es una pequeña localidad del Atlántico nicaragüense de 50.000 habitantes, con un 63% viviendo en la miseria y sin agua potable. En 2006 se inauguraron el nuevo sistema de desalinización y distribución de agua a la población y una torre de control y un radar para el aeropuerto de la ciudad. Tres años después sólo 1.100 habitantes están conectados a un servicio que provee agua salada no apta para el consumo, por el que pagan cinco veces más que en la capital (Managua). Y todavía no llegan vuelos internacionales a la ciudad.
Los dos proyectos tienen en común haber sido financiados por el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), no haber contribuido al desarrollo de la población receptora, haber generado deuda externa en un país muy pobre y no haber impulsado la industria local. El de Bluefields no es un caso aislado. El FAD ha sido un mal instrumento para promover el desarrollo y tampoco ha sido eficaz en la promoción exterior, puesto que las empresas pequeñas y medianas rara vez han tenido acceso a estos recursos, capturados por unas pocas decenas de empresas. En los 30 años de vida del fondo jamás se han querido evaluar su impacto sobre el desarrollo y su efecto real sobre la apertura de nuevos mercados.
La actual reforma dará lugar a un nuevo Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) diferenciado de la promoción del desarrollo. Pero corremos el riesgo de una grave involución si no se corrige lo aprobado en primera instancia por el Congreso. En su redacción actual se permite computar como ayuda este nuevo fondo, se relajan los requisitos sociales, laborales y ambientales que deben cumplir las empresas adjudicatarias y se permite prestar a países ya sobreendeudados. Se da así la paradoja de que el Gobierno que más compromiso ha mostrado con la ayuda puede ser el mismo que la contamine amparando como AOD unos créditos que nada tienen que ver con la cooperación.
El FIEM debería premiar a las empresas modernas, con conductas positivas y verificables de responsabilidad social. El pánico por la crisis no debe resultar en un todo vale para promover la exportación. Es el momento de construir una economía más limpia y sostenible para las próximas décadas, y una presencia exterior basada en criterios de eficiencia y de responsabilidad social, mejorando así la mala imagen que de España han dejado en medio mundo los créditos del viejo FAD. Está en juego la credibilidad de España como donante y su apuesta por una economía nueva y más sostenible. La ley debe incorporar reformas sustanciales en el trámite parlamentario. La suerte, todavía, no está echada.
Jaime Atienza. Responsable de Relaciones Institucionales de Intermón Oxfam