Los ingenieros llegarán hasta Bruselas para defender el visado
22 colegios reclaman al Ejecutivo que aplace el real decreto de liberalización
Los presidentes de 22 colegios profesionales de las distintas ingenierías y sus consejos generales se reunieron ayer para defender un aspecto clave de su profesión: el visado. Nunca antes habían unificado esfuerzos para una causa común, y menos, para proclamarla ante los medios, pero esta vez han considerado que la ocasión lo merece. El real decreto de la Ley âmnibus que regula las características del visado está a punto de ver la luz y con él, la liberalización de un servicio que históricamente ha estado en el ADN de los colegios profesionales, y que puede acabar en manos privadas.
El presidente del Instituto de la Ingeniería de España, Manuel Acero, aprovechó la oportunidad para pedir un aplazamiento de la regulación de este servicio. "Si de verdad el Gobierno nos quiere tener en cuenta debería posponer la regulación del visado profesional a diciembre, momento en que se gestionará el otro real decreto de la ley que hará referencia a las profesiones que deben estar obligatoriamente colegiadas". Y como argumento señala que ya el Senado lo propuso así.
De no ser escuchados, están dispuestos a llegar hasta donde haga falta, incluso a Bruselas. "Nuestro talante es de diálogo. Nos hemos reunido ya con la Dirección de Política Económica que nos solicitó información que hemos remitido. El siguiente paso será intentar un acercamiento, pero si no lo conseguimos seguiremos con las alegaciones cuando esté el texto cerrado y la presentación en Bruselas de nuestras reivindicaciones", explicó el presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
"El visado profesional supone unos 60 euros de media", dice Gonzalo Meneses
Garantía de seguridad
El colectivo reconoce que el visado es una garantía de seguridad y para ello han iniciado una campaña conjunta, denominada www.porunasociedadmassegura.com, con la que pretenden acercar a la sociedad los problemas que supondría dejar el visado en manos privadas.
En este sentido, alertan de dos consecuencias. Por un lado, el seguro de responsabilidad civil que está asociado a este servicio es asequible cuando se contrata una póliza colectiva a través de un colegio profesional, pero muy caro si se trata de una póliza individual, lo que podría poner en peligro esta garantía de calidad y seguridad. "Se debe tener en cuenta que el seguro protege no al cliente que contrata el visado, sino a los ciudadanos que utilizan el servicio", aclara Edelmiro Rúa, presidente de Unión Profesional de Colegios.
Pero no es lo único. El visado profesional también acredita a quien lo realiza. Desde los colegios se puede conocer fácilmente si el titulado que avala el proyecto tiene la capacitación adecuada y, además, si está habilitado para ello. Los ingenieros aseguran que esto no sería tan sencillo de conseguir en una empresa privada, por lo que se reducen las garantías.
Por todo ello no entienden que la propuesta del Gobierno implique quitar este servicio a los colegios profesionales. Ni siquiera, explican, por razones de precio.
"El visado supone unos 60 euros de media y no suele ser mayor de 150 euros", concreta Gonzalo Meneses, del Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos de España. El colectivo justifica, además, este bajo coste porque los colegios son entidades sin ánimo de lucro, mientras que las empresas buscan beneficio. Según un estudio elaborado por los ingenieros técnicos de telecomunicaciones, en estos casos el precio de un visado llegaba a alcanzar los 500 euros.
Colegiación obligatoria
Los ingenieros tampoco conocen aún qué tipo de profesiones tendrán colegiación obligatoria. En diciembre de este año, el Gobierno tiene previsto tramitar el real decreto que lo aclare. "Por el momento ignoramos qué profesiones se incluirán, de hecho debe ser el borrador del real decreto mejor guardado del país", asegura Acero. Esperan, no obstante, ser informados en breve y escuchados. "No se trata sólo de oírnos" advierten.
Los académicos alertan de posibles "catástrofes"
La Real Academia de Ingeniería ha expresado también su disconformidad con el proceso de desarrollo de la conocida Ley âmnibus (Ley 25/2009 de 22 de diciembre) y ha dicho que "olvidar que los vigentes procedimientos se establecieron en España tras las conocidas catástrofes de deplorables consecuencias sería abrir las puertas a otras similares".En este sentido, defiende que sería posible pensar en otros esquemas que mantuviesen tales garantías, "aunque sería necesario que previa y cuidadosamente se revisasen las definiciones de atribuciones y la concesión de licencias para el ejercicio profesional y su relación con las titulaciones".Según la RAI, los visados de proyectos de ingeniería y arquitectura constituyen "una buena garantía para los consumidores y usuarios, no sólo en aquellos casos en que existe una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física de las personas y la preservación del medio ambiente, sino también para asegurar los debidos requisitos de calidad".Desde su punto de vista, la colegiación es también componente relevante de la citada seguridad y de la defensa de los intereses profesionales y de otros ciudadanos. "Resultaría paradójico que la defensa de unos y otros tuviera que seguir cauces distintos", reza un comunicado que la Real Academia de Ingeniería envió ayer a los medios."La mera sugerencia de baremos orientativos, al no ser de obligado cumplimiento, no puede calificarse de obstáculo a la competencia", sentencia. La RAI manifiesta la mucha preocupación que sienten los académicos por los negativos efectos que previsiblemente se derivarían de un equivocado desarrollo de la Ley âmnibus.
Las cifras
400.000 ingenieros y arquitectos técnicos se verán afectados por la supresión del visado profesional en manos de colegios.60 euros es el precio medio de un visado técnico, aunque la cantidad puede llegar a 150 euros.22 colegios de ingenieros y arquitectos técnicos lanzan una campaña.