El Gobierno tiene que primar la recuperación
El Gobierno derrotó ayer los intentos del Partido Popular en el Congreso para, con el apoyo de CiU, suprimir la subida del IVA prevista para el próximo julio. Políticamente es una victoria para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y más a causa de la desafortunada campaña de "rebelión" fiscal lanzada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y secundada por su formación. Aunque la oposición está en su derecho -y tiene la obligación- de presentar alternativas a los planes del Ejecutivo, no es lícito que un partido insista en la insumisión ante las leyes, y mucho menos que la peticionaria sea una institución del Estado como lo es un Gobierno autonómico. Aguirre ha manejado, además, argumentos torticeros y demagógicos al anunciar que estaría dispuesta a renunciar a los ingresos que le corresponderían a su comunidad por la subida del IVA, a pesar de que por ley las comunidades no recibirán ni un solo euro del aumento de recaudación.
Pero salvado el aspecto puramente político del debate, el Gobierno debe considerar a fondo el aumento de dos puntos en el tramo normal (hasta el 18%) y uno en el reducido (al 8%) ante el riesgo de menoscabar una recuperación cada vez más dudosa. No sería bueno desoír los numerosos informes económicos que han cuantificado un efecto negativo de la subida tributaria sobre el consumo. Como tampoco lo es hacer oídos sordos a la petición de numerosas asociaciones empresariales en contra del incremento fiscal. Lógicamente, toda empresa es siempre contraria a una subida de impuestos indirectos que implique el aumento del precio de sus productos y servicios. En esta ocasión sus demandas están justificadas. El escenario macroeconómico que contempló el Gobierno al tomar la decisión de subir los impuestos ha variado sustancialmente. Entonces, los indicadores anticipaban que la recuperación internacional, e incluso la española, iba más rápido de lo esperado. Pero los datos del primer trimestre de este año no son tan halagüeños y es previsible que en verano el consumo no tire tanto como predecía Economía durante la tramitación de los Presupuestos de 2010.
A esto se suma que en julio coincidirán otras circunstancias, como la retirada de los estímulos a la venta de automóviles o el inicio de la campaña turística. La subida del IVA puede restar competitividad a los destinos de playa españoles que ya de por sí tienen problemas de precio frente a mercados emergentes.
Si a esto se añade la experiencia española en la última crisis, cuando a principios de los noventa se perdió recaudación tras subir el IVA en pleno estancamiento, hay argumentos bastantes para que el Gobierno analice la posibilidad de retrasar unos meses el incremento fiscal, como ha propuesto CiU. Sería irresponsable que el Ejecutivo se sintiese prisionero de decisiones justificadas hace meses, pero que ahora generan dudas. Es oportuna la reflexión basada en informes económicos serios, alejada de posiciones ideológicas sesgadas en la pelea política y sin argumentos técnicos.
Retrasar la subida unos meses no tendría efectos extraordinariamente negativos sobre la recaudación fiscal y, por tanto, no dificultaría irremediablemente la lucha contra el déficit. Eso sí, tal vez afectaría a la credibilidad de la economía española, ya que los mercados internacionales pueden poner en duda que el Gobierno esté dispuesto a afrontar de inmediato medidas que conlleven sacrificios. De hecho, ayer el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, apoyó la medida propuesta por el Ejecutivo español.
Se retrase la subida del IVA o se aplique el 1 de julio previsto, son imprescindibles otras medidas de recorte de gasto más allá de los 5.000 millones contemplados para este año. Por mucho que el Gobierno se resista a tocar ciertas partidas, hay margen si se analiza sin electoralistas miedos políticos la idoneidad de mantener al alza el sueldo de los funcionarios, uno de los colectivos con mayores subidas salariales el pasado año.
El Gobierno no debe negarse a discutir sensatamente sobre cualquier medida que aliente la recuperación, pues existen alternativas para ajustar las cuentas públicas sin dañar la vuelta al crecimiento económico y la creación de empleo. Porque rectificar no es sinónimo de claudicar.