Un mensaje empresarial para los gobernantes
Las perspectivas del mundo empresarial son claramente más pesimistas que las del Gobierno si se tiene en cuenta que las tres cuartas partes de los altos directivos dudan que España abandone la recesión antes de 2011. E, igualmente, más negras que las de sus homólogos extranjeros, pues la mitad confía en que ya este año se dejará notar la recuperación. La lógica consecuencia de tan lúgubres augurios es que el 44% de los ejecutivos españoles afirman que se producirán reducciones de plantilla en sus corporaciones durante este año. Tales previsiones se recogen en un informe internacional realizado por PwC, preguntando a los primeros ejecutivos de las grandes corporaciones mundiales.
La visión de los máximos responsables de las principales compañías españolas supone obviamente una atalaya privilegiada al disponer de una detallada información sobre la evolución de la economía real. En definitiva, el crecimiento de la actividad del país depende del comportamiento de sus empresas. Cabe preguntarse cuál será el sentir entre las pymes -que supone el 90% del sector productivo español- si las grandes, con mayores recursos financieros y mercados más diversificados, se muestran tan pesimistas.
Pero mucho más interesante que el análisis de los empresarios son las recetas que ofrecen en el informe de PwC para acelerar la salida de la crisis. En general, piden más claridad y seguridad jurídica y mayor participación en la toma de decisiones políticas que les afecten. Y en particular, demandan reformas estructurales, principalmente en la legislación laboral, un clamor unánime entre el tejido empresarial que denuncia un mercado excesivamente reglamentado y desfasado. Cambios que no deben circunscribirse al coste del despido, sino centrarse especialmente en aquellas medidas que faciliten la flexibilidad en la organización interna de las empresas.
Aunque, según los directivos, las reformas no deben limitarse al mundo laboral, sino entrar en aspectos como la educación, manifiestamente mejorable en todos los estratos -básica, formación profesional reglada y ocupacional o universitaria- o en las políticas de incentivo a la investigación y desarrollo. La sustitución del actual modelo productivo debe sustentarse en emprendedores mejor formados que creen negocios basados en la tecnología y asentados en sectores productivos.
La inestabilidad de los mercados de capitales es otra de las preocupaciones extendidas entre los ejecutivos españoles. Y con razón, pues es necesario despejar las dudas que se ciernen sobre la estabilidad de parte del sistema financiero español. No obstante, es interesante resaltar que los directivos consideran que la regulación financiera española es acertada; simplemente hay que ejercer el control adecuado. Las reformas necesarias no se agotan aquí, aunque son de las más repetidas entre los ejecutivos encuestados.
El Gobierno haría bien en analizar detenidamente estas sugerencias pues el empleo lo crean los empresarios y nadie mejor que ellos conoce las trabas que dificultan la contratación. Evidentemente, no se trata de ceder a cualquier demanda empresarial, pero tampoco es de rigor manifestar una oposición sospechosa a cualquier petición que provenga del ámbito patronal. Las reformas son ineludibles si realmente se pretende establecer un nuevo sistema productivo que fomente la iniciativa empresarial, y tras siete meses consecutivos de caídas del PIB no puede seguir demorándose su aprobación.
Esta inacción patente del Ejecutivo contrasta con la celeridad en la toma de decisiones del mundo empresarial. Por eso, además de escuchar sus pretensiones debería emular su filosofía de que superar la crisis contribuye a mejorar las estructuras. Muchas son las estrategias que los directivos han aplicado con este fin: creatividad, iniciativa, eficiencia, reducción de costes, mejora de competitividad, marcar objetivos claros y razonables, finanzas sostenibles en el medio plazo o asumir que los consumidores (para los políticos, electores y contribuyentes) se han vuelto más exigentes son algunas de las prácticas empresariales que el Gobierno debería aplicar a su gestión. Pero por encima de todas, la de asumir valientemente la responsabilidad de tomar decisiones por difíciles e impopulares que sean.