El Gobierno aprueba un plan para responder a los cambios en los tipos de fraude
El Consejo de Ministros aprobó hoy el Plan de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social con el objetivo de responder a los cambios en los tipos de fraude debido a la crisis, especialmente en lo relacionado con la economía irregular y el trabajo no declarado.
Así lo anunciaron en la conferencia de prensa posterior al Consejo, las vicepresidentas María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, quienes destacaron que el plan incluye hasta 60 medidas de aplicación "inmediata" orientadas a la prevención, a coordinar la captación de la información, a mejorar la eficacia del control sobre el fraude y a cooperar en las acciones de recaudación, con la colaboración entre los organismos públicos.
El Gobierno prevé que el plan aporte unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB (unos 1.000 millones de euros) en 2013 que servirán para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas.
De la Vega señaló que con el plan se reforzará la lucha contra los paraísos fiscales y el fraude con el triple objetivo de defender un modelo social, garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Tres ejes
El plan, cuyo objetivo es dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia de la crisis, especialmente en relación a la economía irregular y al trabajo no declarado, cuenta con tres ejes: la mejora de los sistema de captación de información, la puesta en marcha de acciones de control conjuntas y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia.
Así, incorpora, en primer lugar, instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, y prevé la creación de bases de datos conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información.
Incluye también actuaciones conjuntas de control que se centrarán en aquellas áreas de riesgo que se indentifiquen como más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. Por ejemplo, se realizarán actuaciones de inspección de empresas aparentemente insolventes en las que se detecte actividad o de rastreo de indicios de comercio irregular y contrabando.
Además, el Gobierno contempla la creación de una Comisión Mixta entre Agencia Tributaria, Seguridad Social e Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de recaudación en expedientes de especial magnitud y procesos concursales. En la misma línea, se fijarán criterios conjuntos en los casos de concurrencia de embargo y cobro.
Por otro lado, se fomentará el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales reduciendo las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de la Seguridad Social.
El nuevo plan viene a complementar las iniciativas específicas que en los ámbitos fiscal, laboral y de Seguridad Social ya venían desarrollando los organismos competentes en los últimos años.
Entre estas iniciativas, Salgado destacó el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que ha permitido a la Agencia Tributaria recaudas más de 35.500 millones de euros desde 2005; así como las actuaciones en el ámbito laboral, que han posibilitado una recaudación adicional de 1.425 millones; y en la inspección de trabajo, que han generado 960 millones más.