Rehabilitar y edificar, ésa es la cuestión
Desde que se diera a conocer el lunes el nuevo documento con el que el Gobierno pretende llegar a un acuerdo de Estado para superar la actual crisis, muchas han sido las valoraciones que se han hecho sobre las medidas de apoyo a la rehabilitación de viviendas. Distintos portavoces políticos han tachado la iniciativa como una nueva apuesta por el ladrillo, demostrando con ello una preocupante falta de información sobre cómo funciona el urbanismo en España y cuáles son las causas que provocaron el pasado boom y la debacle actual.
Si antes de asegurar que más ayudas para la rehabilitación es volver al pasado se recuerda que en los países más avanzados de Europa este subsector de la construcción puede llegar a representar el 40% de toda la actividad, mientras en España apenas absorbe el 15% o el 24%, según se compare con el sector total o sólo con la edificación, quizás entonces no parezca tan retrógrado. Pero esas cifras ahora parecen haberse olvidado. Ni siquiera el Gobierno ha realizado la labor de pedagogía que todo cambio de modelo productivo requiere.
Tal y como recuerdan las empresas constructoras que se dedican a esta actividad, renovar o remozar edificios, manzanas y barrios enteros de las ciudades "es un negocio intensivo en mano de obra, por lo que genera mucho empleo, es socialmente interesante y además contribuye a mantener y conservar el patrimonio", asegura Javier Sáenz de Cosculluela, presidente de la patronal de la construcción Aerco.
Independientemente de cómo se desarrollen las medidas ahora apenas enunciadas, lo que el sector reconoce es la sensibilidad que ha tenido el Gobierno para actuar sobre los dos grandes subsectores que podían funcionar como recambio a la promoción inmobiliaria: la rehabilitación y la obra civil. La extensión de la reducción del tipo de IVA a la mayor parte de los trabajos que se realizan en rehabilitación, las desgravaciones fiscales propuestas para esta clase de actividades, la inclusión de incentivos específicos para aquellas reformas que afecten a mejoras sociales o a la incorporación de nuevas tecnologías y al ahorro energético son cuestiones ya demandadas por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Su presidente, Juan Lazcano, reclama extender más allá de dos años la validez de algunas de esas medidas, "habida cuenta de que absorber el stock de casas sin vender no se solucionará hasta al menos 2014". En general, la inmensa mayoría de los profesionales del sector de la construcción insisten que, llegado a este punto de la crisis, "se trata de sumar esfuerzos, no de demonizar ni excluir a nadie". "Le pese a quien le pese y mientras ningún otro sector se postule como alternativa real a la construcción, en nuestro país seguirá siendo necesario edificar al menos 200.000 casas al año. Por ello, la clave es rehabilitar y construir, no optar por una u otra cosa", asegura el gerente de una constructora.
Esto explica por qué algunas de las opiniones escuchadas estos días aseguran que estas ayudas anunciadas ahora llegan tarde. El presidente de la Asociación de Promotores de Barcelona (APCE), Enric Reyna, y el máximo responsable del Gremio de Constructores y Obras de Barcelona y Comarcas, Néstor Turró, coinciden en señalar que debían haberse aplicado hace dos años y que son el complemento idóneo a los incentivos puestos en marcha para absorber el stock.
Crecimiento sostenible
Otros expertos van aún más lejos. Hay quienes reprochan que, de haberse apostado muchos años atrás por la rehabilitación, las promotoras no hubiesen emprendido su locura por acaparar suelos que ahora han perdido buena parte de su valor y lastran su supervivencia. Tampoco se hubiera generalizado el modelo de ciudad dispersa que a todos es tan familiar: grandes barrios en las periferias mal dotados de equipamientos tales como colegios o centros sanitarios, que rompen el modelo de crecimiento sostenible al requerir o grandes dosis de carburantes por la masiva utilización del vehículo privado o la implantación de buenas, pero costosas, redes de transporte público. Para haber evitado eso, también había que haber abordado la reforma de la financiación de los ayuntamientos, pero ésa es otra historia.