El Gobierno aprueba las ayudas a los trabajadores de Sintel
El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para facilitar la reinserción laboral y ayudas especiales a los 1.700 trabajadores de Sintel afectados por la quiebra de la filial de Telefónica que tuvo lugar en 2001.
Esta decisión se adopta a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y responde al acuerdo firmado el 18 de enero de 2008 por el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el que se comprometió con los trabajadores a aplicar el plan social aprobado en agosto de 2001 por el entonces Gobierno del Partido Popular.
En febrero de 2008, el Gobierno socialista acordó en consejo de ministros llevar a cabo el compromiso de Caldera y es ahora cuando anuncia este Real Decreto con el que se pretende solventar el problema de los trabajadores recolocados pero con una reducción muy considerable de su base de cotización a la Seguridad Social.
Además, los trabajadores desempleados contarán con una ayuda económica destinada a paliar los efectos derivados de su situación de desempleo y facilitar su reinserción laboral.
El Gobierno aprobará medidas "específicas para facilitar la empleabilidad y la recolocación, mediante la participación de los trabajadores en las políticas activas de empleo que se articulen desde los Servicios Públicos de Empleo, con atención personalizada".
Además, se ofrecerá "una subvención especial" para los trabajadores mayores de 52 años desempleados que no tengan derecho a la prestación contributiva por desempleo o la hayan agotado, en cuantía de 3.000 euros anuales que se incrementarán hasta 5.500 euros anuales si el trabajadores no se recoloca en un periodo de 24 meses.
Esta ayuda se financiará con cargo a los fondos específicos que serán de distribución a las Comunidades Autónomas. Estas medidas económicas tienen carácter de subvenciones, por lo que pueden concederse de manera directa sin convocatoria pública, según la Ley General de Subvenciones.
El Gobierno ha informado de este Real Decreto a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, al tiempo que se ha consultado a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y a las comunidades autónomas.
La quiebra de Sintel en 2001 dejó sin empleo a cerca de 1.7000 empleados y provocó un desajuste patrimonial de unos 59,36 millones de euros, que actualmente está pendiente de juicio ante la Audiencia Nacional. Los trabajadores estuvieron acampados durante seis meses en el Paseo de la Castellana de Madrid, cuyo desalojo se produjo a raíz del Plan Social acordado con el entonces Gobierno del PP.
