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Correspondiente a 2008

Oliart minimiza las conclusiones de la auditoría pública a RTVE

El presidente de RTVE, Alberto Oliart, considera que las conclusiones de la auditoría pública de la corporación de 2008 "se han sacado de quicio". En un informe interno, RTVE cree que no hay anomalías relevantes ni infracciones legales.

Oliart
OliartCINCO DÍAS

El presidente de RTVE, Alberto Oliart, minimizó ayer el alcance de las deficiencias detectadas por la última auditoría realizada por la Intervención Delegada del Ministerio de Economía a la corporación, correspondiente a 2008.

Oliart aprovechó su comparecencia en la comisión de seguimiento de RTVE, en el Senado, para salir al paso de las críticas lanzadas por los parlamentarios del PP, que denunciaron el "rosario de irregularidades" detectado en la auditoría pública.

El presidente de la corporación afirmó que las conclusiones del informe "se han sacado de quicio por las razones que sean" y destacó que la conclusión general de la auditoría es "favorable" y que sólo recomienda algunas mejoras de gestión que, según dijo, se están estudiando.

Más información
Observaciones de la Asesoría Jurídica de RTVE sobre el Informe de Auditoría Pública 2008 de la Intervención Delegada

La corporación entiende que la auditoría tiene un carácter favorable

Las afirmaciones de Oliart se sustentan en un informe elaborado, "con carácter de urgencia", por la asesoría jurídica de RTVE y que ayer fue repartido entre los miembros del consejo de administración del grupo. En este documento, al que tuvo acceso CincoDías, se recogen una serie de comentarios y observaciones a la auditoría de la Intervención delegada.

En un primer apartado se hace hincapié en que la conclusión principal de los auditores es que la corporación cumple, "en general", la legislación aplicable y las normas internas en lo referente a su gestión económico-financiera "con algunas salvedades". Algo que "suele ocurrir habitualmente en las auditorías de cumplimiento y operativas que se realizan en el sector público estatal", precisa.

Añade que, dado que la Intervención no ha redactado ningún informe especial ni de actuación tras la auditoría de 2008, "no es posible deducir en ningún caso que existieran deficiencias o anomalías relevantes y, menos aún, indicios de infracciones legales que pudieran dar lugar a responsabilidades patrimoniales, contables o penales".

Discrepancias

En un segundo apartado, el informe de RTVE discrepa de algunos de los puntos cuestionados por el auditor público. Así, critica que se cuestione ahora el bonus (de hasta un 20% de la retribución fija) que reciben los altos directivos de RTVE cuando no hizo comentario alguno sobre este asunto en la auditoría de 2007.

También justifica que no todos los contratos figuren en el registro de RTVE alegando razones de confidencialidad y rechaza que se hayan firmado acuerdos con productoras antes de su aprobación por el consejo de administración. En los dos casos denunciados por la auditoría (con Warner y Last Picture), el servicio jurídico de RTVE afirma que hubo un error en la fecha de los contratos.

Asimismo, el informe ratifica la validez de las órdenes de difusión de publicidad, justifica la falta de aval de parte de la publicidad pendiente de cobro por razones competitivas y aclara que TVE sí explota sus derechos de propiedad industrial.

Orden de ahorrar más de 60 millones

El presidente de RTVE, Alberto Oliart, se ha fijado como objetivo reducir los costes previstos en la corporación para este año 2010 en algo más de 60 millones de euros.Para ello, ha ordenado a todos los departamentos del grupo que hagan un presupuesto empezando de cero y reduciendo los gastos lo máximo posible. En principio, espera ahorrar 20 millones en el primer año tras la fusión de las tres sociedades que ahora forman el grupo. La cantidad imputable por este concepto en 2010 será sólo de nueve o diez millones.Según los datos provisionales que Oliart ofreció ayer de forma un tanto caótica y confusa, la corporación cerró 2009 con un resultado de explotación antes de impuestos de 411.000 euros, después de reducir en 13,5 millones la subvención estatal por la prestación del servicio público. Los gastos de explotación ascendieron a 1.145,8 millones, frente a los 1.096 millones previstos en la dotación inicial y los 1.193,9 millones del cierre del ejercicio 2008.

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