Una reforma integral de las pensiones
Hoy arrancan las movilizaciones convocadas por Comisiones Obreras y UGT en contra de la propuesta del Gobierno de aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Esta tarde están previstas manifestaciones en 11 localidades españolas, con Madrid, Barcelona y Valencia como puntos fuertes, y hasta el 6 de marzo sumarán actos de protesta en 57 ciudades. Como se ha reconocido desde el Gobierno, las centrales ejercen su derecho constitucional. Las manifestaciones son unas herramientas democráticas que, ejercidas de forma pacífica y cívica, son una fórmula legítima de defender los intereses de cualquier colectivo.
Cuestión aparte es la oportunidad de la convocatoria, a todas luces precipitada. En definitiva, el Gobierno -cumpliendo la exigencia de los grupos políticos en el Congreso y la presión de los mercados financieros internacionales- se ha limitado a elaborar un documento que sirva de base a una negociación para la reforma de la Seguridad Social que garantice la viabilidad futura de las pensiones públicas. Cierto que la manera en que han sido conocidas algunas de las medidas -ampliación de la edad de jubilación en dos años o la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones actualmente en los últimos 15 años- ha despertado recelos en las organizaciones sindicales. Pero la realidad es que de momento sólo son propuestas que sirven de arranque al debate político que se inició ayer con la comparecencia del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la Comisión del Pacto de Toledo.
Convocar movilizaciones antes de conocer cómo se van a desarrollar las negociaciones es un precipitado aviso a navegantes sindical, que en este caso bien pudiera quedar en meros fuegos artificiales, teniendo en cuenta la política de colaboración que mutuamente se profesan Gobierno y movimiento sindical.
Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo, pese a las resistencias tradicionales de Zapatero para ponerla en marcha, va bien encaminada, ya que sin reformas no hay posibilidad de sostener las pensiones actuales en el futuro con el escenario demográfico de medio plazo. Varios Gobiernos europeos ya han endurecido las condiciones de jubilación, haciendo pivotar los cambios en un retraso generalizado de la edad de retiro. Obviamente, la situación de cada país es diferente, lo que justifica que los plazos sean más o menos largos. En cualquier caso, no se puede ceñir la reforma únicamente a la edad de jubilación. Una reforma equilibrada tanto para la caja de la Seguridad Social como para quienes están haciendo sus aportaciones para cobrar en el futuro (los actuales pensionistas están a salvo de cualquier contingencia financiera) debe tocar todas las notas de la melodía, y debe contar con el consenso de partidos políticos, sindicatos y empresarios.
El número de años a cotizar para contar con una pensión de jubilación (ahora en 15); el número de años cuya aportación determina la cuantía de la prestación (ahora los últimos 15 años de vida laboral, con grave riesgo de cercenar la pensión a quien pierde el empleo entre los 50 y 64 años); la relación entre la cuantía recibida y la carrera de cotización; los incentivos, fiscales o no, a los complementos privados de pensiones; el ritmo de avance de las pensiones mínimas, hasta ahora en manos exclusivas del capricho gubernamental, pero con gran incidencia sobre el resto de las prestaciones; la revisión de las pensiones de viudedad y orfandad, más propias de épocas pretéritas que de la actual; el uso del fondo de reserva hasta ahora aportado por los cotizantes, etcétera. Todas las variables deben ser analizadas para que la reforma tenga equilibrio de esfuerzos y garantías de viabilidad.
Para ello se precisa compromiso, serenidad y ausencia de dogmatismos, pero con la estabilidad y seguridad financiera como norte, más allá de los planteamientos ideológicos, y teniendo en cuenta que el sistema de retiro no puede echar ni un ápice más de incertidumbre financiera a las cuentas públicas de España. No depende de la reforma un arreglo rápido de las finanzas públicas, pero sí despejar toda duda sobre su viabilidad en el medio y largo plazo. A fin de cuentas, el sistema de pensiones es uno de los pilares que dan estabilidad a las expectativas económicas de la ciudadanía.
