Corbacho emplaza al Congreso a abrir el debate sobre el cálculo de las pensiones
La mayoría de los partidos exige al Gobierno que ponga el contador a cero y retire su propuesta previa antes de negociar futuros acuerdos parlamentarios El Gobierno no quiere asumir en solitario la propuesta de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, pero anima a todos los grupos políticos a que abran este debate. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, calificó ayer de "injusto" que la inacción penalice a los trabajadores despedidos al final de su vida laboral.
Primero fue lo que un diputado socialista compara con la forma en que "un elefante irrumpe en una cacharrería". Así lo hizo el Gobierno al proponer en un documento enviado a Bruselas, posteriormente rectificado, la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años. Pero después de la tempestad, el Ejecutivo quiere que vuelva la calma, una vez se supere hoy la que puede ser la mayor contestación sindical conocida en la calle desde que gobierna José Luis Rodríguez Zapatero. Con este ánimo de acabar con el ruido, el ministro de Trabajo negó ayer en la comisión del Pacto de Toledo que el Gobierno asuma como inevitable el aumento del periodo de cálculo de las pensiones, aunque emplazó a todos los partidos a abrir de forma "serena" este debate.
Corbacho dio una razón de peso para que esta iniciativa no se desprecie por el rechazo con el que ha sido recibida tanto por los sindicatos como por algunas fuerzas políticas. "El Gobierno entiende que este tema debe ser objeto de reflexión porque en la búsqueda de una mayor equidad interna del sistema de Seguridad Social sería conveniente reforzar la relación entre el esfuerzo contributivo realizado y la prestación reconocida. Y también para evitar que el procedimiento de cálculo de la pensión de jubilación penalice a los trabajadores que son despedidos al final de su vida laboral", argumentó. Corbacho recordó que el 70% de los despidos son individuales y afectan a trabajadores empleados en pymes. "Cuando se pierde el empleo a los 57 años y se entra en el cobro del subsidio, a veces no se encuentra trabajo y sólo se tiene derecho a la pensión mínima, pese a que haya podido cotizarse 30 años a la Seguridad Social. Esto me parece injusto y habría que introducir algún elemento que corrija estas situaciones por un concepto de equidad. ¡Reflexionen sobre este particular", instó a la Cámara.
Visto el debate de ayer, es evidente que otro caballo de batalla en la negociación para la reforma de las pensiones será la ampliación de la edad de jubilación. Ningún grupo de la oposición defendió ayer aumentar hasta los 67 años la edad que debería tomarse como referencia y que figura en el documento remitido por el Ejecutivo a Bruselas. El abanico de posiciones va desde la actitud de diálogo mostrada por los portavoces del PP, Tomás Burgos, y de CiU, Carles Campuzano, al rechazo tajante a esta medida expresado por el PNV, IU, ERC y el resto de las formaciones del Grupo Mixto. De hecho, sólo el PP y los nacionalistas catalanes aceptaron una negociación con el Gobierno sobre este y otros extremos sin una retirada previa del documento remitido a la Comisión Europea. Hay razones para comprender este mapa de diálogo: hace semanas que el PSOE ha iniciado un tanteo discreto con los populares y con CiU para que la reforma de las pensiones no naufrague por el error cometido desde La Moncloa (la acusación proviene de las propias filas socialistas) de mezclar este debate con el de la salida de la crisis. Corbacho fue ayer elocuente a este respecto para que no quedaran dudas de su posición: "Este no es el debate de la crisis, es un debate demográfico, no tiene nada que ver con el déficit, con la deuda o con la salida de la recesión?" Del intento un tanto tardío del Gobierno de separar los dos ámbitos y del éxito que tenga entre los grupos parlamentarios dependerá la forma de abordar el resto de las iniciativas que alberga el informe.
Trabajo aplaza cualquier cambio a 2013 para no entorpecer la recuperación económica
Corbacho hizo ayer también hincapié en la necesidad de reforzar los incentivos para extender la previsión social complementaria a los parados. Asimismo, señaló que su intención de promover una "aplicación moderada y no traumática" de la reforma, en todos su ámbitos, a partir de 2013, y sin que amenace la recuperación económica.
El ministro también propuso a los grupos políticos "frenar el recurso" a la jubilación anticipada. "Hay que acabar con la cultura de la prejubilación", sentenció. Entre sus propuestas, destacó la limitación de las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios, la imposición a las empresas de la cofinanciación de los sobrecostes producidos por la expulsión temprana de los empleados del mercado laboral, el incremento más allá de los 52 años de la edad mínima de jubilación por aplicación de coeficientes reductores y el fomento de la jornada flexible durante los últimos años de la vida laboral.
Las principales propuestas de la oposición se resumen así. El PP rechaza ligar las pensiones a la evolución del PIB pues, a juicio de Tomás Burgos, "ello supondría arrumbar la revalorización automática de estas prestaciones". CiU, defendió el diputado Carles Campuzano, está abierta a debatir sobre el periodo de cálculo, para que se tenga en cuenta toda la vida laboral, eligiendo los mejores años. También sobre la ampliación de la edad de jubilación y la adaptación del sistema al Estado autonómico, entre otras iniciativas.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, considera inconstitucionales algunas propuestas y exigió la retirada del documento. Lo mismo pidieron ayer IU, ERC, el BNG y la diputada Rosa Díez.
Los sindicatos esperan protestas "masivas"
Esta tarde, los sindicatos se echan a la calle para protestar por primera vez contra este Gobierno. "Esperamos protestas masivas y multitudinarias", aseguraba ayer el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo. Tanto él como su homólogo en UGT, Cándido Méndez, confían en que los ciudadanos se unan a ellos para expresar su frontal rechazo a la propuesta del Ejecutivo de retrasar de los 65 a los 67 años la edad legal de jubilación. "Habrá más gente. Esta protesta es mucho más concreta que la última", admiten en CC OO, en referencia a la manifestación del pasado 12 de diciembre. Entonces, miles de delegados sindicales se reunieron en la capital "contra la crisis". Ahora, las centrales han marcado al Gobierno como objetivo, por lo que esperan contar con una gran asistencia, y sólo temen "las inclemencias del tiempo".CC OO y UGT llaman por tanto a todos los trabajadores a manifestarse hoy en Madrid, Valencia y Barcelona, entre otras ciudades. Sin embargo, aunque tanto las ubicaciones como la fecha, hoy es 23-F, prometen hacer de ésta la cita más mediática, las centrales han programado dos semanas de actos en contra de la reforma.Concretamente, las capitales andaluzas se movilizarán mañana, el jueves los vecinos de las islas Baleares, y el sábado harán lo propio las principales ciudades del País Vasco. La agenda continúa por toda la geografía española durante la próxima semana, cuando se celebrarán en Castilla la Mancha, Cantabria, Castilla y León, Canarias o Murcia. Las últimas serán el día 6 de marzo y tendrán lugar en Navarra y Extremadura, informa Juande Portillo.