¡Ajuste presupuestario, ya!
Al haber superado España en 2009 el límite del 3% del PIB establecido para el déficit público, la Comisión Europea decidió iniciar el procedimiento de déficit excesivo contra España, pues consideró que el exceso no podía ser considerado excepcional, ya que no se había producido en un contexto de desaceleración económica severa en dicho año, ya que la tasa de crecimiento del PIB fue de 1,2% en el año 2008 frente al 3,7% del año anterior, y no podía ser considerado transitorio, dado que el déficit seguiría ampliándose en el transcurso del 2009. El pronóstico se ha cumplido, pues el déficit ha alcanzado el 11,4% del PIB. Más de la mitad de dicho déficit es estructural, lo que muestra las dificultades que España va a tener para cumplir la decisión de la Comisión Europea de que a finales de 2013 el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB de dicho año.
La mitad del gasto no financiero consolidado de las administraciones públicas corresponde a gastos de prestación social que no pueden ser reducidos sin modificar las leyes que otorgan las prestaciones; la base para reducir el gasto escasamente llega al 20% del PIB, ya que los intereses de la deuda tampoco pueden ser modificados; con tal condicionante para reducir en cuatro años el exceso de déficit habido en 2009 de más de ocho puntos del PIB, es necesario efectuar cada año una reducción de dos puntos del PIB.
Las directrices para llevar a cabo el ajuste presupuestario se dictarán por el Ministerio de Economía y Hacienda, haciendo constar las partidas presupuestarias que prioritariamente deberían ser objeto de reducción. En una situación de recesión como la que tenemos, con 4,5 millones de parados que se prevé continúe aumentando, los funcionarios públicos, que gozan de estabilidad en el empleo, deberían someterse a congelación en el cuatrienio 2010-2013 la totalidad de sus retribuciones; igual medida deberá acordarse para los altos cargos; personal contratado, laboral, asesores, etc.
Las dos medidas serían aplicables a las tres administraciones: central, autonómica y local. Las vacantes existentes en las plantillas de los funcionarios públicos, asesores, personal contratado, etc. se darán de baja, pues el número de funcionarios ha sobrepasado ya los tres millones, igual medida se adoptará con las vacantes que por jubilaciones o cualquier otra causa se vayan produciendo en el cuatrienio. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se reducirán las plantillas de asesores, personal contratado, laboral, etc. en un 10% en cada uno de los años del cuatrienio. Las retribuciones complementarias tanto de los funcionarios como del resto del personal y de los altos cargos serán objeto de reducción del 10% en cada uno de los años del cuatrienio.
En cuanto a los gastos de funcionamiento de los servicios (Capítulo 2 del Presupuesto) se reducirán los créditos en el 10% de sus importes en cada uno de los años del periodo. En especial, se someterán a ajustes los gastos suntuarios, de protocolo, reservados etc., que no son indispensables para el funcionamiento de los servicios. Los gastos de los parques móviles de coches oficiales serán analizados en profundidad, suprimiéndose las adscripciones de coches a los directores generales y asimilados, sustituyéndose por un retén de coches oficiales en cada ministerio para los desplazamientos de los directores generales en actos de servicio.
Los gastos del Capítulo 3, gastos financieros, corresponden prácticamente a la deuda pública en circulación que ha sido necesaria emitir para financiar la actividad pública, y no pueden ser objeto de recorte.
Los gastos de los Capítulos 4, transferencias corrientes y 7, transferencias de capital se someterán a un exhaustivo análisis para dar de baja las que no se consideren de absoluta necesidad. Hay aquí un amplio campo para efectuar un fuerte recorte del gasto público. En el Capítulo 6, inversiones reales, se darán de baja las que no estén directamente ligadas con el crecimiento del PIB que al menos debe suponer una reducción del 10% cada año.
Por último, la Administración pública deberá ser sometida a una profunda reforma para que sea más eficiente: una nueva organización y un nuevo sistema de dirección de la producción pública son los pilares sobre los que se ha de asentar. De entrada, deben suprimirse los Ministerios de Cultura (sus funciones se integrarían en Educación), Vivienda (que se integraría en Fomento), Igualdad (su creación no tuvo razón de ser y sus pocas competencias se pasarían al ministerio que se considerase procedente). Los funcionarios públicos de los tres ministerios se adscribirían a aquellos donde se integren las funciones, y al personal contratado, eventual, etc. se les cancelarían los contratos. Igualmente deben suprimirse organismos autónomos que no tienen razón para subsistir, eliminándose personal contratado y eventual y embajadas y oficinas consulares creadas sin que tengan competencias para ello, duplicando los servicios del Estado.
No podían quedar fuera del tema de racionalización del gasto público las cadenas de televisiones públicas creadas por las comunidades autónomas, cuyos déficit se financian con cargo a los Presupuestos de dichas comunidades y, por tanto, con impuestos. Estos hechos y otros similares de gastos innecesarios ha dado lugar a que se haya aumentado en la nueva Ley de Financiación Autonómica el espacio fiscal de las comunidades autónomas y reducción del espacio del Estado que provocará un mayor déficit en este último.
Alrededor del 60% de nuestro déficit es estructural, las medidas de ajuste presupuestarias que hemos señalado no sirven para eliminar dicho déficit que sólo podrá ser suprimido efectuando reformas estructurales en determinadas políticas de gasto.
El déficit en sanidad, servicios sociales, desempleo y pensiones (este último entrará en déficit en 2010) sólo podrá ser eliminado recortando el nivel de prestaciones que las leyes otorgan a los ciudadanos. A nadie nos gusta que tal hecho suceda, pero la realidad es la realidad y hay que afrontarla. A tal hecho se ha llegado por la falta de previsión del Gobierno que ha ido elevando las prestaciones sociales sin efectuar cálculo alguno de la incidencia en el gasto público y en el déficit y sin proponer las reformas adecuadas para solventar el problema. Todo lo contrario, la crisis ha originado un fuerte paro y como el Gobierno es más solidario que nadie ha aumentado el periodo con derecho al cobro de la prestación por desempleo, lo que ha incidido fuertemente en el déficit de nuestras cuentas públicas, que nos ha colocado en una situación verdaderamente alarmante. Y de ella sólo saldremos efectuando la reforma del Estado de Bienestar, en caso contrario nos podrían expulsar de la Unión Monetaria y se hundiría nuestro nivel de bienestar que hemos conseguido con la entrada en dicho club, que tantos sacrificios nos ha costado.
El BCE ha elaborado un documento que se está discutiendo en Bruselas sobre la expulsión de países de la zona euro, lo que supondría el abandono de la Unión Monetaria. El presidente del Gobierno debería explicar por la televisión a los ciudadanos la grave situación de nuestra economía y la necesidad de recobrar la estabilidad presupuestaria ordenada por el Consejo Europeo, como paso a las reformas estructurales a realizar, tanto en el marco del modelo productivo como en el de la protección social.
José Barea Tejeiro. Catedrático emérito UAM