Un recurso con repercusión en varias leyes regionales de cajas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no está dispuesto a que Caixanova y Caixa Galicia queden fuera de la órbita de Galicia. Su idea de crear una gran caja gallega está cada vez más lejos. Y más si triunfa el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno a la ley de cajas gallegas, ya que Caixanova, contraria a una fusión con su más directa rival, tendría las manos libres para unirse a Caja Cantabria, Cajastur con Caja Castilla La Mancha, Caja Murcia y posiblemente Sa Nostra bajo la fórmula de un sistema institucional de protección (SIP).

Caixa Galicia, por su parte, parece que tendría que compartir destino con Caja Madrid y Caja del Mediterráneo (CAM) o con Bancaja, otra entidad que también comienza a sonar en las últimas semanas como posible alternativa a una negativa de CAM a esta alianza.

Feijóo ya tiene un plan para intentar combatir la decisión del Ejecutivo central. Ha amenazado con presentar otro recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el próximo día 16 de febrero. Entre medias, tanto la Xunta como el Gobierno central a través del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, intentarán negociar. El presidente de la Xunta, de hecho, urgió ayer a Chaves a contactar con el Gobierno gallego. "Si el vicepresidente no se pone en contacto con la Xunta, el presidente de la Xunta se pondrá en contacto con el vicepresidente", avisó.

Una vez que cada uno ha puesto ya las cartas sobre la mesa y han descubierto sus jugadas, todo indica que tanto la Xunta como el Gobierno central están condenados a entenderse. O por lo menos eso es lo que varias fuentes políticas y financieras aseguran.

De no lograrse un acuerdo, el Gobierno se vería envuelto en un recurso de inconstitucionalidad por el FROB, cuya utilización urge, ya que la reestructuración de las cajas de ahorros va más lenta de lo previsto. En junio se supone que acaba el primer plazo de Bruselas para aprobar las ayudas bancarias para España. Pese a todo, hasta que no se resuelva el recurso, y siempre que el fallo sea contrario a la normativa, no tiene por qué paralizarse los artículos del FROB denunciados, aunque no deja de ser un escollo para el Gobierno.

A ello, se suma otro detalle que, de momento, ha pasado desapercibido, pero que puede ser revolucionario para las últimas leyes regionales de cajas de ahorros, y por extensión para el sector y para las comunidades autónomas.

De triunfar el recurso de inconstitucionalidad en los términos actuales, y sin que el Gobierno central y la Xunta lleguen a un acuerdo, los SIP o fusiones virtuales pueden sufrir un revés cuyos beneficiarios serán las cajas y los agraviados, los ejecutivos regionales. Las leyes de cajas de varias comunidades autónomas, como Madrid, Castilla y León -gobernadas por el PP- o Andalucía -del PSOE-, recogen en su articulado la capacidad de veto a las alianzas a través de SIP por parte de las comunidades autónomas, lo mismo que Galicia. Este es, precisamente, uno de los principales artículos de la ley de cajas gallegas denunciados ante el Tribunal Constitucional.

Feijóo insiste en que exigirá al gobierno dos principios "comúnmente admitidos", que son "el de igualdad de trato y el de no discriminación". En clara referencia a este artículo, que en la norma gallega es el 35.

Por ello, varios juristas y expertos aseguran que de fallarse a favor de los planteamientos del Ejecutivo de Zapatero todas estas comunidades autónomas tendrían que retirar de sus leyes este veto regional, que pueden impedir las fusiones virtuales elegidas por la propia caja en favor de lo que los gobiernos regionales decidan. Caso que sospecha Caixanova, contraria a la fusión con Caixa Galicia, pero a favor de unirse con otras cajas de otras autonomías. Castilla y León tiene que dar el visto bueno a Caja Burgos por su unión virtual con Caja Navarra y Caja Canarias.

El mapa andaluz está casi finalizado, por lo menos su primera fase. Pero queda una entidad sin pareja aún, Caja Granada. En caso de querer buscar una alianza fuera de su región necesitaría la autorización de José Antonio Griñán para llevar a cabo sus deseos, según está redactada hoy la ley.