Al borde de un ataque de nervios
La economía española parece situarse al borde de un ataque de nervios. Mientras el Ejecutivo intenta reorientar su política económica, generando algunas zozobras entre sus más fieles aliados, los anuncios de nuevas medidas en las últimas semanas tampoco están sirviendo para disipar el futuro. Así pues, el Gobierno parece enfadar a todo el mundo: a unos, porque las reformas suponen duros ajustes a corto plazo, y otros, porque no las creen y adelantan una improbable implementación. ¿Qué hacer entonces?
El diagnóstico es conocido. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria del último boom expansivo ha dejado en los balances de las entidades financieras una deuda del sector promotor en torno a los 325.000 millones de euros, aunque sólo una parte parece de difícil cobro, y ha destruido cerca de un millón de empleos en la construcción. Además, la contracción de la actividad y la ineficiente regulación del mercado laboral han disparado la tasa de desempleo hasta el 18,8% de la población activa, retroalimentando la caída del consumo y el aumento de la morosidad. Por último, la activa política fiscal del pasado año y el juego de los estabilizadores automáticos han generado un déficit del 11,4% del PIB y ha disparado la deuda pública hasta el 55,2%.
Partiendo de este análisis del presente, las perspectivas de medio plazo son muy mediocres asentadas en los lastres que suponen una economía con cuatro millones de parados, muchos de los cuales son jóvenes con reducida formación de complicada empleabilidad, y un volumen de deuda que amenaza la salud del sistema financiero y la reversión del ciclo de inversión. Aun así, las previsiones parten de la cláusula ceteris paribus, de modo que todo puede revertirse y a ello debe dedicarse la política económica.
Bajo este escenario, el pasado diciembre el presidente del Gobierno anunció un batería de medidas que ha comenzado a concretar en las últimas semanas. Por una parte, hemos conocido un plan de austeridad para reducir en 50.000 millones de euros el gasto público (que las comunidades autónomas deberían seguir fielmente), una propuesta de reforma de pensiones dirigida a reducir las obligaciones de pago del Estado y el pasado viernes el Ejecutivo ha publicado unas propuestas para la reforma del mercado laboral.
Estas medidas se unirían a la Ley de Economía Sostenible que debería elevar el crecimiento potencial y al FROB, cuyo desarrollo, por cierto, está siendo demasiado lento. En fin, todo parece indicar que el Gobierno ha decidido pasar página y las políticas anunciadas están en la dirección correcta para batir esa previsión de consenso.
Sin embargo, los mercados parecen no confiar en el nuevo espíritu reformista del Ejecutivo. Así pues, hemos llegado a una situación compleja en la que el Ejecutivo se arriesga a reducir su popularidad al plantear las reformas necesarias, pero no genera la confianza suficiente para reanimar la actividad. Una vez aquí resulta esencial clarificar cuál es el plan, qué apoyos se tienen y quién está al frente. Es decir, es necesario hacer visible la hoja de ruta, tejer una mayoría parlamentaria más sólida y personificar las convicciones profundas que dirigen las reformas. Además, resultaría conveniente no buscar chivos expiatorios donde relegar nuestra responsabilidad como país.
Por todo ello, el Ejecutivo debería cerrar su programa de ajuste, siguiendo la máxima de Maquiavelo: "Las ofensas de una sola vez, ( ) los beneficios poco a poco". De alguna manera, el país está esperando conocer el plan de reestructuración cuanto antes (sistema de pensiones, reforma laboral, ajuste presupuestario, etcétera) para ponerse a trabajar, como ha hecho siempre desde mediados de los setenta. Además, sería necesario alcanzar un acuerdo parlamentario estable que garantizara una base suficiente para hacer viable políticamente las medidas, más allá de encuentros o desencuentros con los distintos grupos de presión presentes en un sistema democrático. Ya lo hemos hecho en el pasado y, ahora, no es más difícil.
Jonás Fernández Álvarez. Director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & Asociados y profesor de Economía de la Universidad Carlos III