¿Tienen que pagar los islandeses?
Tras el colapso del sistema bancario islandés en octubre de 2008 se ha producido una situación interesante y única en las relaciones entre los Gobiernos de Islandia, de una parte, y Reino Unido y Holanda, de otra. Estos últimos mantienen que el Estado islandés tiene obligaciones de garantía sobre las cuentas de depósitos constituidas a través de la banca de internet del quebrado Landsbanki en los dos países, los depósitos Icesave. Al producirse la quiebra del banco, los Gobiernos británico y holandés decidieron compensar a los depositarios de sus países la pérdida de sus ahorros.
Ahora exigen que Islandia les restituya el dinero. El Gobierno islandés aceptó las exigencias de Inglaterra y Holanda, aunque sujeto a la aprobación del Parlamento de tales obligaciones financieras. El verano pasado el Parlamento aprobó una ley que reconoce una garantía estatal de préstamos concedidos por Reino Unido y Holanda. No obstante, de acuerdo con dicha ley la garantía estatal está condicionada por ciertos requisitos, como el crecimiento económico futuro de Islandia y el periodo de vigencia del acuerdo.
Los Gobiernos británico y holandés no han aceptado estos condicionantes y, siguiendo sus exigencias, el Parlamento islandés modificó el pasado 30 de diciembre la ley, abandonando la mayoría de sus pretensiones y aceptando conceder una garantía del Estado islandés muy amplia y que puede llegar incluso a suponer una deuda con Inglaterra y Holanda de 3.500 millones de euros por un tiempo ilimitado. Esta magnitud equivale a la mitad del PIB anual islandés y supone una carga de unos 11 millones de euros por habitante del pequeño país. ¿Aceptarían los ciudadanos de otros países europeos asumir una carga semejante derivada de la actividad de una empresa privada sin que hubiese demostrada una clara base jurídica o un dictamen del sistema judicial que aclarase las obligaciones reales?
Siguiendo la petición escrita de una cuarta parte del pueblo islandés, el presidente del país, Olafur Ragnar Grimsson, ha tomado la decisión de no confirmar esta nueva ley. De acuerdo con la Constitución islandesa, ahora se producirá un referéndum nacional sobre la entrada en vigor de la ley. Es importante que en este referéndum los islandeses voten en contra de la aplicación de la ley y que el conflicto Icesave vuelva a su punto inicial y se aclare la cuestión: ¿están los islandeses obligados a reponer los depósitos Icesave de Landsbanki en Inglaterra y Holanda?
En Islandia, al igual que en otros países europeos, hay establecido un Fondo de Garantía para inversores y ahorradores, una institución independiente, de acuerdo con la directiva de la Unión Europea 94/19 de 30 de mayo de 1994 que regula el sistema de garantía de depósitos. Dicho fondo se financia a través de contribuciones de las entidades financieras. Tanto Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, como Wouter Bos, ministro de Finanzas holandés, han confirmado públicamente que los reglamentos de Fondos de Garantía no están diseñados para hacer frente a un sistémico colapso total.
Los islandeses siempre han mantenido que el país hará frente a todas sus obligaciones. De acuerdo con las leyes europeas, dichas obligaciones están limitadas a los recursos que haya disponibles en el Fondo de Garantía. No se contempla ni garantía adicional estatal ni que se produzca intervención del Estado en un momento posterior. De hecho, semejante intervención iría en contra de la premisa de derecho europeo que prohíbe garantías estatales sobre actividad empresarial privada. El Fondo de Garantía islandés se ha visto completamente vaciado. Los contribuyentes islandeses no tienen obligación ninguna de dotarlo de nuevos recursos para compensar a los Gobiernos británico y holandés.
El error cometido por el Gobierno islandés fue acceder a negociaciones sobre la llamada deuda Icesave sin antes obtener una conclusión judicial sobre si el Estado realmente es responsable de las pérdidas de depósitos en un banco privado en Inglaterra y Holanda. Tanto ingleses como holandeses se han mostrado contrarios a presentar el caso en los tribunales pertinentes. ¿Por qué será?
Sigridur A. Andersen. Abogada, presidenta de la Cámara de comercio hispano-islandesa y parlamentaria islandesa