Una visión actuarial en el retraso de la jubilación
Retrasar la edad actual de jubilación de los 65 a los 67 años afectaría a numerosos agentes sociales: empresarios, sindicatos, Gobierno y, sobre todo, a los trabajadores. Sin duda, cada uno de los afectados tendrá su opinión conforme al grado en que beneficie o perjudique sus propios intereses.
Por encima de una discusión filosófica y política, es importante presentar un punto de vista técnico actuarial que dé sustento a cualquier decisión política, independiente de banderas partidarias o ideologías sociales. A fin de cuentas, el sistema de pensiones de un país tiene que ver con aspectos técnicos propios de la ciencia actuarial: cambios demográficos, mortalidad, actividad económica, migración, empleo, inversiones de las reservas financieras, avances de la medicina y otros parámetros.
La Seguridad Social en España ofrece beneficios a la jubilación y otros similares de prestación definida a cambio de recibir aportaciones de los trabajadores durante su vida activa, así como aportaciones de las empresas. El sistema de pensiones de España sigue el régimen de reparto como modelo de financiación, basado en una pirámide demográfica en donde la base la forman los trabajadores activos de menor edad, de cuyas aportaciones se pagan los beneficios a los jubilados.
De manera gráfica, cuando la pirámide poblacional de activos no es suficiente para sostener los beneficios pagados a la parte más alta, es necesario introducir cambios en el sistema, ya sea en el nivel de beneficio o en los aportes que sostienen el esquema. Cabe mencionar que ajustar los aportes al alza puede ser el resultado de agentes exógenos, como aportaciones extraordinarias provenientes del presupuesto del Estado, vía aumento o encauzamiento de nuevos o existentes impuestos generales.
Existe una fórmula matemática que muestra el balance o equilibrio actuarial de un sistema de pensiones, cuyo horizonte de cálculo suele ir más allá de 60 años, incluyendo futuros participantes al sistema: VPOT = VPAF + Reservas existentes + intereses de inversiones - gastos de administración. Donde, VPOT = valor presente actuarial de las obligaciones pasadas y futuras de los activos y pensionistas y VPAF = valor presente actuarial de las aportaciones futuras.
Si ambos lados de la ecuación son iguales, el sistema está en equilibrio actuarial y, en caso contrario, existe un déficit actuarial o un superávit. Es muy importante no confundir este concepto con el déficit de caja de un año en particular, que se presentaría cuando el flujo de aportaciones de un año es menor que el flujo de beneficios pagados.
El Gobierno reconoce que existirá un déficit de caja entre 2020 y 2025, pero para entonces el desequilibrio actuarial será aún mayor y las medidas correctivas más drásticas. Si ya se prevé un déficit de caja, esto es el mayor indicativo de que en la actualidad ya existe un desequilibrio actuarial. El verdadero análisis actuarial se debe realizar mediante estudios de largo alcance para determinar si es necesario buscar mecanismos de equilibrio que permitan sostener el sistema a largo plazo. De otra forma, ocultaríamos un problema obvio y pondríamos en riesgo la sostenibilidad del sistema para futuras generaciones.
Entre las razones para migrar a sistemas de capitalización individual en algunos países encontramos precisamente los grandes déficit actuariales que presentaban sus sistemas de pensiones. No obstante, los sistemas de capitalización individual tampoco son la panacea, siendo los sistemas mixtos por niveles los que probablemente mejor ayuden.
Cualquier debate serio deberá incluir la determinación y análisis del equilibrio actuarial del sistema actual y las posibles soluciones, entre las que se encuentran algunas ideas como, en la parte del pasivo: aumentar la edad de jubilación -preferentemente de forma paulatina, como han hecho otros países, inclusive en periodos de 25 o más años-, aumentar la penalización de la jubilación anticipada, aumentar el periodo de cálculo del sueldo pensionable, aumentar los requisitos mínimos para la jubilación plena, poner un tope máximo al sueldo de cotización, limitar los beneficios y el tiempo de pago a las viudas con convivencia matrimonial reducida, entre otras.
Por la parte del activo, se deben analizar las posibilidades de aumento de aportaciones de los trabajadores y de la empresa, eliminar el tope de cotización salarial para fines de aportación, el aumento de rentabilidad de las inversiones, las posibles aportaciones de los jubilados, la creación de ingresos exógenos dedicados a la Seguridad Social y sobre todo la disminución de la carga administrativa.
Al final, el análisis actuarial es una herramienta indispensable que se debe utilizar responsablemente antes de tomar cualquier decisión que afectará no solamente la actual generación, sino las futuras generaciones de trabajadores.
Eduardo M. Jáuregui. Socio de Mercer