Los partidos exigen a Zapatero que renuncie a retrasar la edad de jubilación
Las formaciones políticas representadas en la Comisión del Pacto de Toledo no quieren que el Gobierno juegue por libre en la reforma de las pensiones. El PP, CiU e IU exigieron ayer al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que renuncie a retrasar la edad de jubilación, mientras que el PSOE enfatizó que sólo se trata de "una propuesta para el debate".
Los partidos que se sientan en la Comisión que decidirá el futuro de las pensiones se reúnen hoy en el Congreso para diseñar su hoja de ruta, después de haber percibido como una afrenta la propuesta del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años.
De no retirarse esta iniciativa, el acuerdo dentro de la Comisión será casi imposible. En ello coincidieron ayer Tomás Burgos (PP), Josep Sánchez Llibre (CiU) y Gaspar Llamazares (IU), quienes condicionaron cualquier posibilidad de éxito en la negociación a que el Gobierno recule. La portavoz del PSOE en dicha Comisión, Isabel López y Chamosa, dio un paso en esta dirección, al advertir que el documento hecho público el viernes pasado desde La Moncloa es una "propuesta para el debate" que admite "todas las medidas que podamos consensuar".
Todos los partidos, a excepción del PSOE, conciben el posible retraso obligatorio en la edad de jubilación como una rémora que perjudicará a los trabajadores.
Y, además, plantean alternativas. En un desayuno convocado ayer por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), dieron algunas de ellas. El PP propuso que se concedan incentivos fiscales y pensiones más altas a aquellos trabajadores que, voluntariamente, accedan a prolongar su vida laboral.
CiU defendió que se compatibilice el acceso a una pensión con la continuidad en el mercado laboral a tiempo parcial. IU propondrá que se acerque la edad de jubilación a 65 años reales (la media está en 63,7) y que se prohíban las prejubilaciones. "O se retira la propuesta de retrasar la jubilación hasta los 67 años o no será posible el acuerdo", resumió Gaspar Llamazares, una postura extensible al resto de la oposición.
Incentivos a la natalidad
Todos los grupos están de acuerdo en fomentar la natalidad mediante medidas eficaces, alejadas del famoso 'cheque bebé', como decisión que puede contribuir a amortiguar el problema demográfico que anticipan las pirámides de población. El PP defiende que el número de hijos pondere a la hora de acceder a una pensión, con independencia de los años cotizados. CiU presentará un programa integral de ayuda a las familias. IU promoverá el acceso gratuito a escuelas infantiles entre 0 y tres años. El PSOE está abierto a estudiar todas estas iniciativas, pero López y Chamosa avanzó que el actual sistema de Seguridad Social no sería sostenible con algunas de ellas.
El PP tampoco está dispuesto a darle al Gobierno un cheque en blanco en la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió ayer que los excedentes del sistema se ingresen sin dilación en el Fondo de Reserva, que acumula a día de hoy 60.000 millones.
Sin embargo, desde el PSOE se recordó que los 8.000 millones de superávit que la Seguridad Social obtuvo el año pasado han servido para financiar la moratoria concedida a las empresas en dificultades. El hecho de que hasta este momento aspectos como éste no hayan entrado en la pugna partidista demuestra hasta qué punto la forma en que el Gobierno decidió el viernes presentar sus propuestas ha envenenado la relación con el PP y con el resto de los grupos. También con los sindicatos.
Esta distancia alcanza también al diagnóstico sobre la evolución del propio sistema de pensiones. El de Tomás Blanco (PP) es muy claro: "Se han perdido 1,7 millones de cotizantes, tres millones de parados que siguen cotizando verán como se les acaba el subsidio y no pueden reincorporarse al mercado laboral y entonces será cuando la Seguridad Social empiece a estar sometida a una presión extraordinaria".
Abiertos a reconsiderar las pensiones de los parlamentarios
Los diversos partidos son conscientes de que en un momento de crisis como el actual los ciudadanos perciben como un privilegio el sistema de pensiones de los parlamentarios, que les garantiza el cobro de la prestación más alta (2.466 euros brutos mensuales por 14 pagas) si cotizan como tales un mínimo de 11 años. El número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, afirmó que el Gobierno está dispuesto a hablar "de todo" lo que contribuya a garantizar mayor equidad. En la misma línea se pronunció la portavoz del PP Soraya Sáenz de Santamaría. "Fue un sistema aprobado en una determinada coyuntura y si la situación cambia estamos dispuestos a reconsiderarlo porque hay que predicar con el ejemplo", manifestó.Según la diputada socialista López y Chamosa, sólo dos diputados se han acogido hasta el momento al privilegio de poder recibir la pensión máxima que marca la ley mediante una ayuda complementaria de las Cortes.
Coto a nuevas prejubilaciones en banca y grandes empresas
El sistema financiero no debe esperar el aval de los partidos políticos para abordar nuevas prejubilaciones. æpermil;ste fue el mensaje que ayer emitieron el PSOE, el PP, CiU e Izquierda Unida, opuestos a que la banca y las grandes empresas hagan descansar la reestructuración de sus plantillas sobre las arcas públicas de la Seguridad Social.En opinión de la diputada socialista Isabel López y Chamosa, uno de los objetivos de la reforma de las pensiones "es frenar las prejubilaciones porque no es sostenible que los bancos y las grandes empresas dejen fuera del mercado de trabajo a gente en el entorno de los 50 años". "Hay que evitar ese abuso a costa de la Seguridad Social", advirtió la diputada socialista.De la misma opinión es Tomás Burgos, diputado del PP, para quien es necesario frenar este tipo de prejubilaciones "porque el sistema no da más de sí". Convergència i Unió e Izquierda Unida mostraron plena coincidencia en ello.
El Pacto de Toledo fija hoy calendario
La reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión No Permanente del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, que se celebrará hoy, tendrá como objetivo organizar los trabajos de cara al nuevo periodo de sesiones. Como eje se sitúa la propuesta del Gobierno para la reforma de las pensiones. La cita, a puerta cerrada, no debatirá hoy cuestiones de contenido, sino plantear el calendario previsto para próximas reuniones hasta junio. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado (en la foto), insistió ayer en que el Ejecutivo sólo ha planteado una propuesta para la reforma del sistema, que deberá ser debatida en el Congreso.
La cifra
60.000 millones de euros es la dotación actual del Fondo de Reserva de las pensiones, constituido para garantizar su futuro.