Los diputados, especie protegida en la Seguridad Social

Zapatero, que ha basado siempre su política económica y social en el mantenimiento y reforzamiento de los derechos sociales sin preguntarse nunca cómo se financian todos los excesos que a él se le ocurren, se ha rendido ahora a la evidencia y ha empezado a recortarlos. Los españoles tendrán que trabajar más años y aportar más dinero para tener derecho a una pensión de jubilación. Seguramente las cosas que ha propuesto y otras muchas que propondrá en los próximos meses, a medida que se vaya convenciendo de que la situación es más grave de lo que él cree, son necesarias. Pero una de las cosas que debe corregir si quiere contar con el respaldo ciudadano a sus proyectos de reforma son los privilegios que tienen determinados colectivos en el sistema público de pensiones. Pero uno por encima de todos ellos: los diputados y senadores, que se hicieron unas pensiones a medida en 2006, en un acto de purito feudalismo político: pensión máxima con 15 años, si once de ellos han tenido escaño. Ley de Igualdad (de trato), señor presidente, ley de Igualdad (de trato).

Llama la atención del proyecto presentado el pasado viernes que únicamente el retraso de la edad de jubilación es explícito, de 65 a 67 años, para todos los españoles. Sin embargo, el resto de las teclas que pueden tocarse para afinar las finanzas de la Seguridad Social únicamente se citan y se dejan abiertas al supuesto debate con los partidos políticos y con los sindicatos y la patronal. Lógicamente se trata de una posición de partida, que no descubre América, puesto que en varios países europeos se ha puesto ya en marcha el retraso de la jubilación. Pero retrasar la edad de jubilación es la más impopular de las soluciones, porque a nadie le gusta si ha sobrepasado ya la mitad de su vida laboral esperar dos años más de los que le habían prometido cuando empezó a trabajar. Además, es una evidencia que el mercado de trabajo expulsa a la gente a edades muy inferiores a los 65 y 67 años.

De hecho, uno de cada cinco españoles se jubila a los 60 años, y la mitad de ellos antes de los 65. Todo ello sin contar los miles de trabajadores de grandes empresas que son enviados a su casa con 50 años o menos y con indemnizaciones abultadas, que pagan, eso sí, los accionistas de su empresa. Lo menos doloroso es elevar la cotización por la vía directa, o exigir más años para tener derecho a pensión contributiva, o contabilizar más años para determinar la cuantía de la pensión. También se podría congelar la pensión mínima, que cuesta un montón de millones a los cotizantes que superan los 35 años de aportaciones, y que únicamente es un mecanismo de compra de votos que el señor Zapatero ha ejercitado como nadie, porque para esto es un auténtico maestro.

En España hay ahora 2,36 millones de personas con el privilegio de cobrar una pensión contributiva que no se han financiado, pero que el sistema les abona por obra y gracia de una ley de pensiones mínimas, con los excedentes de cotización de los colectivos que aportan más de lo que luego se llevan. ¿Sabían ustedes que todo lo que coticen por encima de 35 años se lo regalan al sistema, y lo destinan a pagar los complementos a mínimos?. Pues es así, y es una cantidad creciente de dinero y de pensionistas porque el Gobierno se ha comprometido electoralmente, por que da buenos resultados hacer política con el dinero de todos los cotizantes, a subir las pensiones mínimas muy por encima de los índices de inflación cada año.

Pero hay más especies protegidas en la Seguridad Social. Los señores diputados y senadores sólo tienen que cotizar once años para disponer de la pensión máxima del sistema, aunque sólo acumulen 15 años de cotización, como relata hoy en Cinco Días detalladamente Federico Castaño. Con 15 años, el mínimo exigido ahora por el sistema, el común de los mortales sólo puede llevarse el 50% de la base reguladora; es decir el 50% de sus bases de cotización.