Así las comunidades autónomas no podrían frenarlo

El Gobierno estudia declarar el ATC como proyecto de interés general

El Gobierno tiene un as en la manga para evitar que, por cualquier vía legal, las comunidades autónomas puedan frenar el proyecto del almacén nuclear al que optan, en principio, 10 municipios. Así, si surgiera alguna traba, el Ejecutivo podrá declarar el proyecto de interés general. El plazo para presentar las candidaturas terminó el viernes.

El Gobierno ya ha conseguido lo que consideraba más difícil para sacar adelante el proyecto para instalar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos: la presentación de candidaturas por parte de los ayuntamientos interesados, con la aprobación indispensable de la mayoría de sus concejales. Hasta ahora, lo han hecho un total de 10 candidatos. Los municipios de Yebra (Guadalajara) Ascó (Tarragona), Villar de Cañas (Cuenca), Santervás de Campo (Valladolid), Torrubia (Soria), Zarra (Valencia), Melgar de Arriba (Valladolid), Villar del Pozo (Ciudad Real), Albalá (Cáceres), que aprobó la propuesta con el voto en contra de su alcalde, y Congosto de Valdivia (Palencia), el último en presentar su candidatura, aprobada por unanimidad de su corporación, según confirmó a Efe su alcalde, Eduardo Vicente (PSOE).

Y aunque el plazo terminó el viernes a las 12 de la noche, no se descarta que aparezcan nuevos municipios, que hubieran decidido mantener la discreción y aguantar hasta el último momento para evitar las presiones que han recibido el resto de los candidatos.

Sobre todos ellos pesa la amenaza de sus respectivos Gobiernos autónomos de frenar el proyecto por vía política o legal. El almacén nuclear requerirá de los correspondientes permisos de impacto medioambiental y urbanístico. En el primer caso, la autorización corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, que debe tener en cuenta una evaluación ambiental previa de la comunidad autónoma. En el segundo caso, los gobiernos regionales, que tienen competencias sobre la ordenación de sus territorios, tendrían la sartén por el mango, aunque "si vetan un terreno, se podría elegir otro", ha declarado a CincoDías el alcalde de Yebra, Juan Pedro Sánchez.

En cualquier caso, para evitar que la situación se empantane por vía legal, el Gobierno, por decreto, puede declarar el proyecto de interés general o, si se demorase más de tres años, de urgente ejecución. La figura jurídica del interés general se ha utilizado con frecuencia en España en políticas de agua, especialmente para ejecutar obras hidráulicas.

No obstante, nada ocurrirá antes de que pase un año y medio, pues, una vez que se conozca el pueblo nominado, algo que está previsto para el próximo mes de junio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dispone de otro año para dar su visto bueno, que, en este caso, sí es imprescindible.

En otro de los ayuntamientos candidatos, el de Ascó, aseguran que ni siquiera haría falta esperar a los trámites administrativos para iniciar la construcción del almacén nuclear, sino que podría comenzar una vez que se produzca la nominación, a la espera de los permisos, "pues la norma no dice nada al respecto". Fuentes próximas al Gobierno, sin embargo, niegan este extremo y reiteran que harán falta las autorizaciones.

Difícil elección

A la vista de que también se han presentado al concurso candidatos ajenos a las zonas nucleares, hay quien considera que será difícil la elección sin alterar el procedimiento.

Aunque en Industria aseguran que todos tienen las mismas posibilidades, en el sector consideran que las papeletas son para los dos pueblos integrados en la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC), un lobby que hace unos días apoyó públicamente a sus asociados Yebra y Ascó.

Calendario

El viernes a las 24.00 horas concluyó el plazo para la presentación de candidatos al ATC y el lunes se conocerá la lista de los admitidos.

En abril se publicará la lista definitiva, tras el análisis de los terrenos ofrecidos por cada uno y las alegaciones de las comunidades autónomas.

En junio el Consejo de Ministros aprobará el nombre del pueblo, tras la propuesta de Industria.

Hacia mediados de 2011, el Consejo de Seguridad Nuclear debe dar su autorización. Si se advierten trabas autonómicas, el Gobierno declarará el proyecto de interés general.

En 2015 se prevé que el almacén de residuos comience a funcionar.

La candidatura de Garoña, descartada legalmente

Aunque hay quien esperaba que el pueblo burgalés de Santa María de Garoña o algún otro de la zona de influencia de la central nuclear propiedad de Endesa e Iberdrola puedan optar a instalar en sus terrenos el ATC, lo cierto es que esta candidatura no es posible legalmente.

Y es que la orden ministerial de Industria aprobada el verano pasado donde se recogía el cierre de esta central en 2012 establece expresamente que en esa zona no se podría instalar ni un Almacén Temporal Centralizado (ATC) ni ningún otro individual (o ATI). Las eléctricas propietarias están a punto de tramitar una demanda en la Audiencia Nacional contra dicho cierre.

Con esa orden, el Gobierno avanzaba ya su previsión de contar con un ATC en 2015, que es el año en que se iniciará el desmantelamiento de Garoña. En los dos años posteriores a su cierre, 2012, la central deberá permanecer parada y no se podrá iniciar su desguace, pues ese es el plazo reglamentario para que se enfríe el combustible.

En cualquier caso, no se descarta que hasta las cero horas de este sábado se presentasen candidaturas inesperadas, probablemente, en Castilla y León, tal como ocurrió. Tal fue el caso del municipio conquense de Villar de Cañas, de 400 habitantes, cuyo ayuntamiento mantuvo en secreto la decisión de su pleno (celebrado el viernes de la semana pasada) y ni siquiera el Gobierno se había enterado de ella hasta esta semana. A última hora del viernes se desveló también la candidatura de Congosto de Valdivia, en la provincia de Palencia, gobernado por el PSOE.

El presidente de Castilla-La Mancha estudia acciones jurídicas contra los alcaldes de su comunidad que opten al ATC.