No a la prejubilación en empresas con beneficios
La propuesta del Gobierno, que retrasa gradualmente la edad de jubilación a los 67 años, aboga por limitar la pensión de viudedad y evitar la "cotización a la carta".
Advirtiendo que el futuro de las pensiones no corre peligro a corto plazo, pero que el envejecimiento de la población y el efecto de la crisis "disminuirán claramente los excedentes" de la Seguridad Social en los próximos años, el Gobierno presentó el viernes su propuesta para reformar el sistema de pensiones. El documento de 46 páginas, al que tuvo acceso CincoDías, ha sido remitido a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios. æpermil;stos harán ahora sus aportaciones para que la Comisión del Pacto de Toledo dicte sus conclusiones. Finalmente, el diálogo social tripartito elaborará la reforma definitiva sobre ellas. En el proceso, que según el Ministerio de Trabajo "no durará más de dos meses", se decidirá si se llevan a cabo las líneas marcadas por el Ejecutivo. La medida estrella, como ya fue adelantado, es el retraso progresivo -a partir de 2013- de la edad legal de jubilación hasta los 67 años de edad. Pero existen otras muchas iniciativas:
1. Cálculo. El Ejecutivo recomienda ampliar más allá de los últimos 15 años trabajados el periodo con el que se calcula la cuantía de la pensión. En Trabajo se viene oyendo la cifra de 20 años, aunque el informe no lo concreta. Si que expone, sin embargo, que se ayudaría así a proteger a los asalariados que "son despedidos al final de su vida laboral".
2. Prejubilación. Precisamente para evitar que se generalice la citada práctica, el Gobierno insta a que las compañías "cofinancien" el abandono prematuro del mercado laboral y que se "limiten las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios". Es más, para evitar que las empresas sorteen este axioma, plantea que las prejubilaciones individuales -en lugar de los procesos conjuntos o Expedientes de Regulación de Empleo- sólo se permitan en las empresas que "se encuentren fuera de la negociación colectiva". Además, con el objetivo de alargar la vida laboral, se aconseja "incrementar paulatinamente" la edad mínima para jubilarse (52 años) y penalizar más a quien se retire antes.
3. A la carta. Otra de las reformas fundamentales que se apuntan es la de acabar con las llamadas "cotizaciones a la carta". æpermil;stas afectan principalmente a los autónomos, quienes tienen la posibilidad de cotizar por la base mínima durante toda su vida, y aumentarla en los últimos años de trabajo para percibir una pensión mayor. "La capacidad de elección de base de cotización debe limitarse" para "frenar las situaciones de mayor desproporción entre aportaciones y prestaciones", cita. De hecho, se invita a crear una base reguladora única para el cálculo de las prestaciones, en lugar de la variedad de modalidades actuales.
4. Autónomos. No es éste el único apartado que afectaría a los trabajadores por cuenta propia. En beneficio suyo, el texto plantea que "puede ser inadecuado que en un año de dificultades económicas" se les obligue a "cotizar por encima de sus rendimientos", lo que habría que evitar. Se reclama también flexibilidad para el pago de cuotas en caso de empleos de jornada parcial.
5. Viudedad. Los cambios sufridos por la sociedad española, argumenta el Gobierno, hacen que el concepto de "muerte del sostén de la familia" parezca "trasnochado". Recuerdan, además, que la pensión de viudedad "no es una garantía de ingresos, sino una compensación por los que se pierden". Por eso, y aunque defiende que aún "son necesarias", Trabajo destaca que habría que reconsiderar el tiempo que han convivido los cónyuges, su edad, y si han tenido hijos, para calibrar la cuantía de la pensión. Esta podría dejar de ser vitalicia para convertirse en "un pago único o una prestación temporal".
6. Becarios. Con el objetivo de aumentar la recaudación, la Seguridad Social recibiría cuotas con la inclusión de colectivos como los becarios de posgrado o las empleadas del hogar.
7. Financiación. Finalmente, el documento exhorta a "culminar la separación de fuentes". Este proceso, ya iniciado, tiene por objeto dejar de cubrir con cotizaciones sociales partidas que deben sufragarse mediante impuestos. Es el caso de los complementos a mínimos, la diferencia que se paga a los pensionistas que no generan suficiente pensión para alcanzar la mínima legal. También se sugiere repartir más las cuotas por accidentes profesionales cuyo coste difiere mucho según la rama de actividad.
Rechazo general al plan de Zapatero
"No contemplo un escenario en el que no alcancemos un acuerdo para la reforma", afirmaba el viernes la vicepresidenta económica, Elena Salgado, al presentar una propuesta de pensiones en la que su departamento le ha robado el protagonismo a Trabajo. Pese a esta convicción, lo cierto es que el plan anunciado por el Gobierno cosechó un rechazo prácticamente generalizado de la sociedad. La idea de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 ha granjeado al Ejecutivo incluso las iras de los sindicatos, con los que tan buena relación ha mantenido pese a la crisis. "Comisiones Obreras rechaza de plano la propuesta", clamaba su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz. Indignación fue también lo que manifestaron desde UGT. También los partidos políticos en general se desmarcaron de la línea principal del programa del Gobierno. El portavoz económico del PP, por su parte, aprovechó para llamar "mentiroso" al Ejecutivo, por negar que las pensiones no corrieran riesgo. La idea sólo fue aplaudida por el Banco de España. Se da la particularidad que su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fue el principal valedor de retrasar la jubilación hace un año, cuando Trabajo se negaba. Por su parte, en la CEOE, se mostraron prudentes, limitándose a "valorar positivamente" que se inicie el debate". El siguiente paso será iniciar la negociación para ver qué contenido sobrevivirá hasta formar parte de la reforma. Por el momento, el pacto del que Salgado no duda parece, cuanto menos, lejano.