Irregularidades y Administración

El extenso listado de irregularidades sobre el control del gasto y la gestión del personal que recoge el último informe de la Intervención General del Estado mueve a la reflexión, cuando no al sobresalto. El estudio denuncia preocupantes abusos de fórmulas como el contrato de servicios, la encomienda o el encargo, que desvirtúan el espíritu de la contratación administrativa. Y sostiene su acusación en múltiples ejemplos que, además, afectan a diversos ministerios y otros organismos públicos.

Este tipo de informes suelen pasar inadvertidos en una España peligrosamente habituada a una injustificable permisividad con sus administradores. El hecho de que el estudio más actual corresponda a 2008, hace casi 13 meses, parece aminorar el impacto de sus datos. No ha de ser así. Y no sólo porque se hayan cometido los errores que denuncia, sino porque gran parte de esas ineficiencias -por emplear un término moderado- siguen formando parte del funcionamiento cotidiano de muchas oficinas públicas. Denuncias como la de falta de información suficiente para poder detectar la concurrencia de subvenciones indebidas en un mismo beneficiario ponen los pelos de punta. Si no a todos, sí a quienes creemos que la administración de los bienes públicos, además de la honestidad, exige la excelencia.