Los abogados de Madrid rechazan que se limite la justicia gratuita
El decano Hernández Gil critica el decreto del Gobierno madrileño para atajar abusos.
El anuncio realizado por Esperanza Aguirre en plenas Navidades para restringir el acceso a la justicia gratuita con el objetivo de reducir su uso abusivo ha provocado la irritación del Colegio de Abogados de Madrid. Su decano, Antonio Hernández Gil, convocó ayer a los medios de comunicación para mostrar su indignación por el decreto anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pretende atajar "los abusos de la Ley de Extranjería".
El Colegio de Abogados de Madrid considera que la medida afectará especialmente a los inmigrantes y rechaza que el coste de la asistencia a jurídica a ese colectivo sea muy elevada. "La extranjería representa el 25% de la justicia gratuita y, dentro de ella, la asistencia en Barajas otro 25%. A ello hay que sumar que el porcentaje está bajando porque ha descendido el número de inmigrantes que llegan".
El coste de 50 millones
Desde su punto de vista, la iniciativa resulta "injustificada" por motivos económicos. Se refiere exactamente a las palabras pronunciadas por Aguirre en las que aseguraba que los abogados de oficio costaban a la hacienda autonómica un total de 50 millones de euros al año y por ese motivo, resultaba necesaria frenarla.
Para la presidenta de Madrid, "la obligación de asumir todas las cuestiones judiciales de cualquier inmigrante que llega a Madrid" es un lastre considerable. Según datos del Colegio de Abogados de Madrid, en 2009 los costes del turno de oficio asumido por la Comunidad de Madrid ascendieron a 31 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 6,3 millones de la asistencia letrada al detenido y casi 4 millones de justicia gratuita. En total, un gasto que alcanza los 41,5 millones, un 2,74% más respecto al año anterior.
Por su parte, el Ministerio de Justicia aportó a Madrid un 27% más hasta los 3,52 millones para todas estas cuestiones. La partida del turno de oficio creció un 30% hasta los 3,1 millones mientras que la asistencia de letrado disminuyó un 1,10% hasta los 162.450 euros.
El decano, en cualquier caso, no ha detectado todavía una falta de pago a los 4.000 abogados del turno de oficio por parte del gobierno regional, aunque sí algunos retrasos. Declaró haber recibido en 2010 los dos primeros trimestres de 2009, pero falta todavía por remunerar el segundo semestre.
Respecto a la decisión de Vic y Torrejón, que pretende empadronar únicamente a los inmigrantes legales, Hernández Gil aseguró que "el empadronamiento no puede ser condicionante para salvaguardar los derechos de los inmigrantes, sean o no regulares".
El decano sí se mostró partidario de restringir el beneficio de justicia gratuita en el ámbito de la seguridad vial, donde Aguirre considera que hay mucho fraude. Hernández Gil se comprometió a colaborar para controlar y detectar los abusos.
Durante la rueda de prensa, los representantes del colegio reiteraron que la institución mantiene su intención de presentar una querella contra el juez Garzón y los fiscales del caso Gürtel con motivo de las escuchas que, a su juicio, sufrieron de manera ilegal varios abogados en su relación con sus clientes, aunque no aclaró cuándo se formulará.
Letrados en el mismo aeropuerto
El Colegio de Abogados de Madrid está sufragando con las cuotas de los propios colegiados un servicio de orientación jurídica gratuita a extranjeros en el mismo aeropuerto de Barajas. El servicio lleva funcionado desde verano, aunque pocos inmigrantes lo conocen.A esta iniciativa, también se han sumado otras medidas, como el acuerdo alcanzado con varios países Latinoamericanos (Ecuador y Bolivia) para formar al personal de las embajadas respecto el asesoramiento de sus ciudadanos.