El objetivo, aeropuertos más eficientes
El ministro de Fomento, José Blanco, presentó ayer el modelo aeroportuario que regirá durante los próximos años. Se trata de una decisión puramente salomónica: cede a las pretensiones de las comunidades autónomas, pero de manera parcial al reservar el control para la Administración central. A cambio, acepta que en los principales aeródromos españoles (una lista aún por definir) estén representados los correspondientes Gobiernos autonómico y local y las cámaras de comercio. Para ello, crea una nueva sociedad, AENA Aeropuertos, con mayoría del Gobierno central (70%) y abierto al capital privado en un máximo del 30%. De ella colgarán filiales encargadas de dirigir estos aeropuertos singulares y cuya titularidad se repartirán la Administración central, 51%, la autonómica y local y las cámaras de comercio, otro 39%, y el 10% restante, para el capital privado.
La solución va en la buena dirección pues resuelve acertadamente la conveniencia de mantener una gestión integral de la red aeroportuaria nacional y, a la vez, canalizar los intereses del resto de Administraciones y los empresarios de cada región. Ahora bien, es evidente que la coparticipación de los nuevos actores implica un plus de complejidad que sólo se solventará a base de dosis de responsabilidad y, sobre todo, de buena voluntad de todas las partes. De no ser así, se perderá la oportunidad de avanzar en la mejora de la eficiencia de los aeropuertos españoles, lo que sería un error imperdonable. No obstante, el modelo presentado ayer por el ministro de Fomento está sujeto a variaciones, ya que el texto definitivo no se conocerá hasta el segundo trimestre de este año. Será entonces el momento de evaluar la capacidad de resistencia del Gobierno a las presiones que, sin duda, recibirá desde algunas comunidades autónomas y grandes ayuntamientos, frustrados en sus aspiraciones de haberse hecho con el control de las infraestructuras de su región.
Es deseable que este nuevo modelo aeroportuario español engrase los engranajes de las relaciones de las distintas Administraciones y asegure una gestión eficiente. En una segunda fase será interesante ampliar la presencia del capital privado, muy minoritario en la fórmula ideada ahora, que prácticamente se limita a participaciones financieras. Sería conveniente aprovechar el saber hacer de las grandes concesionarias españolas, demostrado eficazmente en los mercados internacionales de infraestructuras.
El Gobierno debe actuar únicamente pensando en el bien general, lo que significa aeropuertos más eficientes, cómodos y baratos. Si la reforma que propugna lo consigue habrá acertado y si no, todos perderemos.