Las fundaciones reclaman un mejor tratamiento jurídico y del régimen del IVA
La Asociación Española de Fundaciones asegura que las más de mil organizaciones a las que representa se sienten discriminadas debido al tratamiento jurídico y del régimen del IVA que se les aplica. Una situación que se agravará en 2010 con la anunciada subida de tipos.
Las miles de entidades sin fines lucrativos, 25.000 aproximadamente en toda España, que representan un 2% del PIB y realizan actividades de interés general en ámbitos diversos (social, educativo, medioambiental, de investigación o cultural) sufren desde el momento de la implantación del sistema armonizado del IVA, una situación paradójica y equívoca: "no sólo no tienen un trato fiscal favorable, sino que en términos generales se encuentran en una situación desventajosa respecto de otras entidades", asegura la Asociación Española de Fundaciones.
Su presidente, Carlos Álvarez, aclara que, puesto que las fundaciones desarrollan en muchas ocasiones una actividad gratuita o exenta, se consideran consumidores finales a efectos del IVA, que no pueden desgravarse. Tanto les preocupa el asunto que la asociación que preside ha comenzado a recopilar la información necesaria como para calcular de forma real cuál es el IVA soportado que estas entidades no pueden recuperar y que, según Álvarez, "minora los recursos que éstas dedican a fines de interés general". En la Asociación explican que debido a la complejidad del tributo y a la dificultad de su reforma y a que se trata de un impuesto armonizado, las posibles soluciones se han ido aparcando "por los estados nacionales amparándose en la directiva y las autoridades europeas esgrimiendo argumentos a favor de las posibles soluciones internas" ante la dificultad para modificarla", añaden.
Pero el del IVA, con ser uno de los más importantes, no es el único problema al que se enfrentan las fundaciones. Carlos Álvarez señala que el régimen del mecenazgo "es mejorable", porque los incentivos fiscales que se ofrecen a empresas y a particulares son muy escasos y por tanto, desincentivadores.
La fiscalidad de las becas para estudios no reglados (por ejemplo un máster) también es objeto de crítica por parte de la Asociación Española de Fundaciones. "Llevamos mucho tiempo quejándonos de la tributación de este tipo de becas que suponen que, si se descuentan los impuestos, el receptor sólo percibe el 60% de la cantidad aportada".
El registro único de fundaciones es otro de los aspectos que desde esta asociación se considera que debería adoptarse de una vez por todas. "Se suponía que se iba a lograr tener el registro único durante esta legislatura, pero lo cierto es que lleva previsto desde 1994 y por unas causas o por otras se ha ido retrasando", explican fuentes de esta organización que añaden que el registro único y no disperso como hasta ahora les permitiría disponer de información contrastada sobre las fundaciones existentes. "Sería también deseable la existencia de un protectorado único en la Administración General del Estado", apuntan.
Adaptación contable
Las fundaciones están a la espera de disponer de una adaptación del actual Plan General Contable. Aseguran que su inexistencia les causa inseguridad jurídica, lo que finalmente se traduce en costes. Las fundaciones confían en la próxima creación de un grupo de trabajo.
La CE sopesa crear un estatuto europeo para estas entidades
La CE analiza la posibilidad de crear un estatuto de la fundación europea con el objetivo de acabar con las dificultades con las que se encuentran las fundaciones que tienen actividades en más de un estado miembro. Se trata de crear una única forma jurídica complementaria de las que existen en los 27 Estados miembros, algo que, según la Asociación Española de Fundaciones, crea muchos problemas burocráticos y desincentiva la creación de fundaciones transnacionales. "Las fundaciones juegan un papel importante en Europa, sobre todo para apoyar proyectos de interés público. Debemos garantizar que existan las estructuras adecuadas para respaldar la actividad de estas fundaciones", opina la CE. Un estudio elaborado por el Instituto Max Planck y la Universidad de Heidelberg constató la existencia de barreras legales a las actividades transnacionales de las fundaciones que suponen un gasto que puede superar los 90 millones al año.