Montilla rechaza adelantar las elecciones por un fallo contrario al Estatuto
La ventaja de CiU en las encuestas y la evidencia de que José Montilla necesita los diez meses que restan hasta las elecciones autonómicas para explicar su gestión, restan influencia a las voces que apuestan por un adelanto electoral en Cataluña vinculado a una sentencia negativa contra el Estatuto.
En las últimas conversaciones sobre la situación en Cataluña que José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido con el presidente de la Generalitat, José Montilla, no se ha contemplado un anticipo de los comicios autonómicos previstos para noviembre, ni siquiera en el supuesto de que la sentencia que prepara el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto fuera negativa para el contenido del mismo.
Fuentes parlamentarias catalanas informan de que las dos circunstancias que han llevado a Montilla a descartar el adelanto de las urnas son, por una parte, la sólida ventaja que CiU le saca al Partido Socialista de Cataluña en las encuestas, superior a los cinco puntos, y, por otra, la necesidad de disponer de los diez meses que restan todavía para la celebración de los comicios para explicar la gestión de gobierno desarrollada por el tripartito desde 2006.
Esta es percibida por buena parte de los ciudadanos de forma negativa debido a los periódicos enfrentamientos registrados entre el PSC, ERC e IC, socios del Gabinete catalán, y al clima de provisionalidad introducido por el Constitucional, institución que lleva ya más de tres años estudiando el recurso presentado por el PP contra el Estatuto.
El secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, afirmó ayer en declaraciones a Cataluña Radio que Montilla sólo contempla la celebración de elecciones en noviembre y culpó al PP de la incertidumbre creada con su recurso sobre la aplicación del Estatuto.
Mensaje contradictorio al TC
Si el Constitucional no emite su sentencia antes de marzo, lo probable es que ésta se posponga hasta después de las elecciones. En el PSC se opina que no toda la culpa del retraso en la publicación de esta sentencia la tienen los magistrados. Los mensajes emitidos por el Gobierno no han sido uniformes. De la primera versión que colocaba al Gobierno en la disposición de acoger una sentencia dura se ha pasado a la versión que enfatiza las consecuencias históricas del fallo, dirigida a que el TC se decante por un fallo interpretativo que permita lecturas políticas suaves.