Deberes económicos para el duro invierno
El Gobierno inaugurará el nuevo periodo de sesiones en el Congreso con una docena larga de proyectos de ley de ámbito económico en tramitación a los que se sumará a partir de febrero el de la llamada economía sostenible. El recurso del PSOE a las alianzas parlamentarias de geometría variable va a encontrar claros límites, después del aviso lanzado hace unos días por el PP y la mayoría de los grupos minoritarios en los que suele apoyarse el Ejecutivo tras el intento de éste de aprobar deprisa y corriendo, coincidiendo con el sorteo extraordinario de Navidad, la futura ley Audiovisual.
Todas las circunstancias llevan a pensar que el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria seguirán siendo los principales soportes parlamentarios del PSOE en el nuevo curso político que se iniciará después de Reyes. Convergència i Unió, la única fuerza que por sí sola podría servir de soporte estable al Gobierno, estará a partir de ahora centrada única y exclusivamente en sus intereses electorales en Cataluña, en el bien entendido de que dispondrá de nueve meses para hacerse notar, ya que hay altas posibilidades de que el presidente de la Generalitat agote la legislatura y convoque a las urnas en noviembre, aunque este calendario estará supeditado a los efectos derivados de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que en La Moncloa no se espera tampoco para estas Navidades. El proyecto estrella del nuevo periodo de sesiones será el que regule la nueva economía sostenible, en la actualidad sometido a estudio del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. Son tantos los asuntos que abarca, que la llamada geometría variable verá su máximo esplendor llegado el momento de centrar el debate en las enmiendas parciales.
Lo mismo vale para el proyecto de ley remitido el 23 de diciembre al Congreso para permitir que los trabajadores autónomos accedan a las prestaciones por desempleo, cuyos cambios llegarán en forma de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios y se centrarán en dos aspectos, según fuentes gubernamentales: el acceso a estas ayudas y la duración de las mismas en función de los años cotizados.
En el Congreso reposan también otros proyectos que regulan el apoyo financiero a la internacionalización de las empresas, la captación de financiación en los mercados por parte de los concesionarios de obras públicas, la adaptación a la normativa comunitaria del Impuesto sobre la Renta de no residentes, la ordenación del comercio minorista y la evaluación del impacto medioambiental.
Antes de febrero es propósito del PSOE abordar también mediante una iniciativa conjunta con el resto de los grupos parlamentarios el acceso a las prestaciones por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos, aspecto que ya consta en el registro de la Cámara Baja a iniciativa del Grupo Mixto. El Gobierno se ha comprometido a dar una solución razonable a este colectivo de trabajadores, alrededor de 400.000, después de lograr in extremis que los grupos minoritarios accedieran a retirar una enmienda que lograron colar en el Senado, con el apoyo del PP y CiU, al proyecto de ley de Fomento del Empleo, definitivamente aprobado en el Congreso el pasado martes.
Economía confía en poder alcanzar también un amplio acuerdo sobre la futura reforma de la ley de Cajas de Ahorro, aunque no remitirá al Congreso ninguna normativa nueva sobre sus órganos rectores hasta que no hayan concluido en el primer trimestre del año los procesos de fusión que ya tutela desde hace tiempo el Banco de España. En este caso y dado que el PP gobierna en cinco comunidades afectadas por este proceso de consolidación, es propósito de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, alcanzar un amplio acuerdo con el principal partido de la oposición que evite controversias. El Gobierno aspira a que esta reforma pueda entrar ya en el Parlamento con una labor previa de cocina que contribuya a fortalecer el sistema financiero.