Caja Madrid paraliza el expediente a Díaz Ferrán mientras negocia una salida para el crédito
Caja Madrid ha paralizado el expediente contra el máximo responsable de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, mientras negocia in extremis una salida para el crédito de 26,5 millones de euros que ha impagado a la entidad junto a su socio Gonzalo Pascual, con quien controla el grupo Marsans.
Según fuentes del consejo de administración de la caja, tanto la entidad financiera como el propio Pascual, que se encarga de las negociaciones, han rechazado por ahora las diferentes propuestas de aportación de garantías.
En concreto, Díaz Ferrán y Pascual habían propuesto aportar unos terrenos en la Riviera Maya (México), con un valor próximo a 14 millones de euros, que no fueron aceptados por Caja Madrid, tras lo cual plantearon poner como garantía la concesión del transporte interurbano de Alcalá de Henares, capaz de generar unos ingresos de entre 2 y 3 millones de euros anuales.
Esta opción fue bien acogida por la entidad que preside Miguel Blesa, aunque su intención de que la concesión fuera incluida en una sociedad con acciones pignoradas en favor de la caja fue descartada por los dos empresarios.
A su vez, Díaz Ferrán y Pascual también se han negado a aportar garantías reales de sus patrimonios personales, lo que dificulta la búsqueda de una solución, según las fuentes consultadas, que mostraron el malestar de Caja Madrid por la situación creada, que podría derivar en la expulsión del presidente de la CEOE del consejo de administración de la entidad.
Precisamente, Díaz Ferrán volvió a ausentarse hoy de la reunión del consejo de administración de Caja Madrid en la que se trató la evolución del expediente. El crédito que contrajeron los propietarios de Marsans estaba "teóricamente renovado" el pasado mes de noviembre, cuando Caja Madrid descubrió que no se cumplía la cláusula de que no estuvieran pignoradas las acciones de la compañía Marsans -propiedad de Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual-.
En concreto, se comprobó que esos títulos estaban pignorados a través de dos operaciones, una en febrero y otra en junio de este año, a favor de un préstamo en Banesto que ronda los 96,5 millones de euros