KPMG se adelanta a la Ley de Auditoría y publica una memoria de transparencia
La reforma de la Ley de Auditoría, que actualmente se tramita en el Congreso, será más exigente con las auditoras de las grandes empresas, que deberán publicar cada año en su web un documento de transparencia. KPMG ha querido adelantarse al futuro mandato legal y el correspondiente al ejercicio cerrado el pasado 30 de septiembre está disponible desde hoy.
En tiempo y forma". Así define el socio de risk management de KPMG, César Ferrer, cómo se ha realizado la publicación del primer informe de transparencia de la firma. Con él, la compañía que en España preside John Scott se adelantará a las exigencias de la Ley de Auditoría que tramita el Congreso y que el miércoles amplió el periodo para la presentación de enmiendas hasta el 2 de febrero.
El proyecto de ley transpone una directiva comunitaria que exigirá que las sociedades que realicen auditorías de cuentas de entidades de interés público realicen un informe de transparencia. Y en la disposición adicional décima se aclara que se considerarán de interés público a las entidades de gran dimensión y a las sometidas al régimen de supervisión del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. También a aquellas que se determinen por su importancia significativa y, en todo caso, a las que superen al menos dos de los siguientes parámetros: tener más de mil trabajadores, presentar un volumen neto de la cifra de negocios superior a 57 millones o disponer de unos activos totales superiores a 28,5 millones. Y un buen número de las entidades auditadas por KPMG cumplen estos requisitos, por lo que una vez que entre en vigor la ley, la firma estaría ya obligada a publicar el informe de transparencia dentro de los tres meses posteriores al cierre del ejercicio, que en este caso concluye el 30 de septiembre.
El documento de transparencia refleja la forma jurídica de la firma, una sociedad limitada perteneciente a la red KPMG, empresa suiza que sólo presta servicios a sus afiliadas. Aclara también que en el momento en el que se apruebe la Ley de Auditoría que permitirá a las auditoras españolas tener socios de otros países de la UE, KPMG en España se integrará en la sociedad británica KPMG Europe LLP.
El informe desglosa los ingresos de la prestación de servicios de auditoría o de otros trabajos. En este caso, la firma española desvela que facturó por trabajos de auditoría legal 86,1 millones, por otros servicios de auditoría y relacionados, 28,1 millones, y que el importe neto de la cifra de negocios ascendió a 114,2 millones.
Remuneración de los socios
Tal como se exigirá en la futura ley, el informe también especifica cuáles son las bases de remuneración de los socios de la firma. "Están contratados como profesionales y parte de su retribución incluye una cantidad fija más determinadas remuneraciones accesorias.
Además, tienen derecho a una participación variable dependiendo de los resultados", asegura el informe. Se señala que los socios no perciben retribuciones por los ingresos que puedan generarse como consecuencia de servicios no relacionados con la auditoría prestados a sus clientes de auditoría.
La memoria, que puede consultarse en la web de KPMG España, incluye una relación de las entidades de interés público para las que ha realizado trabajos de auditoría en el último ejercicio.
Un estricto control de calidad y de las normas éticas
El socio de risk management de KPMG, César Ferrer, explica que el documento desarrolla la apuesta por la calidad de la firma "que implica unas estructuras poderosas y buenas herramientas y afecta a los procesos de gestión de riesgo y cumplimiento de valores, incluyendo los conflictos de interés". El texto informa de que el consejo de administración está integrado por los socios John Scott (presidente), Antonio Fornieles (vocal) y César Ferrer (secretario) y de que cuenta con comité ejecutivo, de riesgos y cumplimiento, de auditoría, de nombramientos y de retribuciones. En cuanto a las normas éticas, se detalla el funcionamiento de la línea anónima que permite a los empleados comunicar de forma confidencial posibles irregularidades. Ferrer señala además que la firma aplica unas rigurosas políticas de aceptación de clientes y cuenta con una herramienta, denominada Sentinel, a través de la que se identifican y gestionan posibles conflictos de interés.