"Nos hemos ofrecido a ser los mediadores del crédito"
Ha sido decano de los economistas catalanes y presidente del REAF. Fundador de Pich Auditores y Grupo Abante, este barcelonés afrontará renovación de cargo en 2011, tras tres años al frente del Consejo General de Economistas.
El presidente de los economistas reconoce que la Ley âmnibus de Servicios Profesionales es correcta, aunque le hubiera gustado introducir matizaciones. Del Plan Bolonia, piensa que es "un paso adelante para que se puedan estandarizar los títulos universitarios en la UE", pero sostiene que deben hacerse reglamentos para evitar que algunos lobbies exijan más. Y de la Ley de Economía Sostenible, le preocupa la grandilocuencia del nombre. Una persona sensata y medida en sus respuestas.
¿Qué le parece la nueva Ley de Servicios Profesionales?
La ley como norma general para liberalizar los servicios es correcta, el problema surge cuando vamos a realidades concretas. Hay ciertos aspectos que podrían ser mejorables, como los visados. En nuestra opinión, deben aportar un valor añadido, es decir, el colegio debe certificar no sólo el nombre de la persona, sino la calidad del proyecto, aunque este tema no afecta a los economistas. Respecto al ejercicio profesional de forma colegiada o la movilidad en diferentes colegios, nos parece perfecta. La entrada en vigor de la ley, sin embargo, va a traer dificultades jurídico-formales. Habrá que modificar los estatutos, algo complejo porque los colegios dependen de las autonomías y los consejos, del ministerio.
¿Cómo ve el nuevo planteamiento de los honorarios profesionales?
La norma establece que los honorarios no pueden ser nunca obligatorios, ni orientativos, excepto para peritaciones judiciales. Nosotros presentamos una enmienda, porque aunque estamos a favor de que no puede haber honorarios obligatorios, lo que no está claro es que no deba haberlos orientativos, especialmente para las actividades que pueden requerir las administraciones públicas.
Otra novedad de la ley es que no sólo deberán atender a los colegiados, sino también a los usuarios. ¿Cómo?
Los consejos deberemos atender a los colegiados y a los usuarios, a través de las plataformas digitales de ventanilla única, que tiene un coste financiero y económico muy importante. Los usuarios podrán acceder a los servicios de los colegios de forma telemática. En un principio, la directiva ponía el plazo de 28 de diciembre para que esto estuviera listo, pero la disposición lo ha ampliado hasta finales de junio de 2010.
¿Cómo valora la actuación del Gobierno ante la situación económica?
La primera reacción, con Solbes, estuvo orientada a que trabajasen los estabilizadores económicos. Ahora, en una segunda etapa, cerca de un crash financiero, desarrollan una Ley de Economía Sostenible, con vistas al largo plazo. Se han hecho cosas, pero de una manera muy dispersa y no se están explicando bien. Nuestro déficit público es ahora muy importante y no se han encontrado fórmulas para afrontar ciertas reformas más dolorosas y complejas.
¿Cómo podemos salir de la crisis?
La situación española no es buena, pero hubo un momento en que los bancos no escuchaban porque estábamos a punto de colapso. Ahora hay tendencia a escuchar, pero se piden proyectos.
¿Es la figura del mediador del crédito una solución? ¿Se han ofrecido ustedes para ejercer como tales?
Estuvimos con el presidente del ICO estudiando el tema. Daba la impresión de que se estaba acabando de pulir el modelo. Nosotros nos hemos ofrecido, le hemos garantizado nuestra colaboración y le he hemos dado nuestra opinión. El presidente del ICO nos ha explicado que quiere acuerdos con los bancos para aportar una segunda línea de financiación que venga del ICO. Pero antes habrá que estandarizar los préstamos para que en una segunda derivada el ICO pueda participar con avales.
"Hay que distinguir el fraude criminal del ilegal"
Asegura que en España se ha conseguido en 30 años que "todos paguemos una factura fiscal", aunque reconoce que determinadas microempresas, ligadas al turismo o la construcción, son caldo de cultivo para el fraude. "En España, la lucha contra el fraude es constante. Hay que distinguir fraude criminal del fraude ilegal", señala.Pich valora el hecho de que la crisis no haya llevado a la quiebra a ninguna entidad bancaria en España, pero considera que el sector financiero "tiene que acostumbrarse a implicarse en los proyectos y no sólo pedir garantías". También sostiene que deben ser los gestores, no los políticos, quienes gestionen las cajas de ahorros.El presidente de los economistas no es partidario de políticas de remuneración a corto plazo. "Cualquier persona que entienda un poco de empresa, por definición, sabe que lo ideal son los proyectos a largo plazo, algo que se hace con personas, equipos y transparencia. Cualquier política que remunere a corto plazo nos lleva al desastre. Creo que debe hacerse una política fiscal a largo plazo. Las compañías industriales con núcleo de poder estable, familiares, tienen políticas retributivas transparentes y no en función de la evolución de la última semana", reflexiona. Pich considera que las medidas de la Ley de Economía Sostenible son correctas, "aunque dejan todo al desarrollo reglamentario".