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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La vivienda requiere bajar más el precio

El Gobierno sigue buscando vías para dar salida al millón de pisos que hay en stock. A tal fin, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer que las personas físicas y jurídicas que tengan un piso en venta podrán transformarlo en VPO; una opción que ya disfrutan las promotoras. Eso sí, deben cumplir con los requisitos de superficie máxima, precio por metro cuadrado y plazo mínimo de protección, además de disponer de licencia de obra antes del 1 de septiembre de 2009. La medida pretende ampliar el abanico de compradores, ya que los beneficiarios de las viviendas de protección oficial -familias con rentas de hasta 48.900 euros al año- acceden a créditos con tipos de interés más bajos y, desde este año, al aval público del 50% del crédito. Es decir, personas con mayores facilidades para obtener un préstamo. Pero también intenta aumentar la panoplia de vendedores.

A priori, la decisión parece acertada. Sin embargo, genera dudas sobre su funcionamiento de forma eficaz, porque la exigencia de rebajar los precios se antoja un serio freno. Según los datos del Ministerio de Vivienda, el metro cuadrado en el mercado libre cuesta 1.900 euros de media en España, frente a los 1.143 euros en VPO. Es decir, aquellos propietarios que opten por la fórmula del Gobierno deberán rebajar un 40% el precio, e incluso en regiones como Madrid o el País Vasco, más del 50%. Salvo urgencia, es una rebaja improbable, teniendo en cuenta que los diversos cálculos cifran entre un 10% y un 15% la caída desde máximos a finales de 2007. Después de todo, quienes estén dispuestos a realizar semejantes descuentos seguramente no necesitarían pasar la vivienda a VPO para encontrar comprador.

No parece, por tanto, que la nueva medida vaya a entusiasmar a muchos vendedores particulares. Sin embargo, sí puede interesar a sociedades tenedoras de viviendas -muchas de ellas, entidades financieras- que acumulan cientos de pisos del mercado libre. Eso las equipararía a las promotoras, que desde hace dos años pueden transformar su oferta del mercado libre a VPO. El ministerio no ha aportado por ahora datos de cuántas promotoras se han acogido a tal posibilidad ni de cuántas viviendas han transformado. Pero el hecho de que esta medida se amplíe ahora a los particulares hace suponer que no han sido demasiadas. Tal vez sea hora de plantearse eliminar algunas restricciones y aumentar los límites de renta con derecho a acceder a VPO.

Habrá propietarios que se acojan a la nueva conversión. Pero, sea en VPO o en mercado libre, para aminorar el abultado stock de vivienda se precisan tres cosas: bajada ostensible de precios -BBVA calcula que un 20% más-, normalización del crédito y que el paro, y su efecto desincentivador de las compras, deje de ser un problema. No parece que esta medida vaya a resolver ninguna de las tres.

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