Una reforma de pensiones que no cuesta dinero
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el Parlamento hace una semana su disposición a acometer una reforma de las pensiones que refuerce la contributividad. Zapatero deja así atrás su resistencia a modificar las normas básicas que determinan las prestaciones de vejez en España, y admite incluso la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, ensayada en varios países europeos en los últimos años y que alivia doblemente las finanzas del sistema público: mantiene a los trabajadores más tiempo cotizando y menos percibiendo su pensión de retiro. Aunque la Tesorería de la Seguridad Social tiene una situación saneada, no es sostenible a largo plazo si la crisis lastra el mercado de trabajo durante años y se confirma, décima arriba o décima abajo, que España no recuperará los niveles de empleo previos a la crisis hasta 2016 o 2017.
Ni un superávit ficticio como el actual (justificado por el hecho de que los desempleados con prestación mantienen durante 24 meses la cotización a la Seguridad Social), ni un fondo de reserva de 60.000 millones de euros son garantía medianamente sólida para el futuro. Si la pérdida de cotizantes se consolida, una vez depurados los desempleados, la relación de aportaciones sobre pensionistas difícilmente podrá mantenerse por encima de dos, umbral crítico para la sostenibilidad del sistema.
Además, cada pensión nueva es abultadamente más alta que la que causa baja por mortandad, como consecuencia de que están accediendo a la jubilación carreras de cotización más dilatadas y con aportaciones mucho más altas que en el pasado. En paralelo, el efecto sustitución entre los cotizantes no ha generado bases más altas en los últimos años, más bien al contrario, por la fuerte generación de empleo en actividades con remuneraciones modestas.
Por tanto, lo que hoy no es un problema financiero puede serlo en un par de años, y la capacidad de maniobra entonces será menor, puesto que España ya tiene ahora dificultades fiscales acuciantes que deberá resolver. No debe esperar a que déficits adicionales del sistema de retiro agraven la dificultad, puesto que tendría consecuencias muy serias para la financiación del gasto público, con el consiguiente endurecimiento del crédito también para el sector privado, tal como ahora ha ocurrido con Grecia.
Para evitarlo son precisos ajustes que no tienen coste directo para pensionistas y cotizantes, puesto que se diluyen en el tiempo. Prolongar escalonadamente la edad de jubilación, alargar los años cotizados para calcular la primera pensión, frenar la sobrerrevalorización de las mínimas para no desincentivar las carreras dilatadas de cotización y establecer un retorno menos generoso por cada año de aportación son medidas imprescindibles para proporcionar la sostenibilidad que precisan las finanzas de las pensiones.