Ocaña reconoce el fracaso de la línea ICO para deudas de ayuntamientos a pymes

El Gobierno reconoció ayer el fracaso de una de sus apuestas para mitigar el daño que está causando la morosidad entre las pymes. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmó en un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica que la línea ICO para anticipar las deudas de los ayuntamientos no está dando los resultados esperados. La línea, presentada a finales de marzo, cuenta con 3.000 millones y funciona como un descuento de la deuda, por el que el Instituto de Crédito Oficial anticipa su devolución a cambio de quedarse con una comisión.

El "poco éxito" de la línea se ha debido, según el secretario de Estado, a que, por una parte, algunas empresas no han querido acogerse a ella, prefiriendo esperar a realizar el descuento de la deuda. Pero también a que algunos municipios no han certificado las deudas como paso previo. Esta última eventualidad se mitigará, según Ocaña, en la Ley de Economía Sostenible: "Vamos a exigir a los interventores, alcaldes o a quien corresponda en las entidades locales que registren las facturas y las comparen con las certificaciones realizadas, y que informen de ello cada tres meses a la Administración".

Ocaña también defendió otra de las medidas incluidas en el, hasta ahora, anteproyecto de ley: la reducción del pago de las Administraciones desde los 60 días actuales hasta los 30. Más allá de que se logre cumplir el plazo, el secretario de Estado destacó que, a partir de esos 30 días, las empresas "podrán reclamar intereses con la ley en la mano".

Más aplazamientos

En materia de recaudación, Ocaña informó de que las solicitudes de aplazamiento de deuda por parte de los contribuyentes aumentaron un 70% interanual entre enero y octubre, hasta alcanzar 1.034.000. El importe de esas deudas cuyo pago se pretende diferir ascendió a 13.134 millones de euros, frente a los 8.594 de los diez primeros meses de 2008.