Fusión de cajas catalanas

Principio de acuerdo en Caixa Catalunya para recortar 1.300 empleos y 395 oficinas

Los sindicatos y las direcciones implicados en el proceso de fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa acercaron hoy posiciones para el recorte de 1.300 empleos y 395 oficinas, tras un encuentro del que las cajas salieron hablando de "principio de acuerdo". Los sindicatos rechazaron esta acepción, pero reconocieron que se están "aproximando bastante".

Tras un encuentro del que las cajas salieron hablando de "principio de acuerdo", los sindicatos rechazaron esta acepción, pero reconocieron que se están "aproximando bastante".

La reducción de puestos de trabajo se repartirá en prejubilaciones y bajas incentivadas, y el cierre de oficinas será de 395 "en una primera fase", mientras que el resto, hasta las 500 inicialmente planteadas, contará con un plazo de dos años para salir de pérdidas y evitar la clausura.

Este principio de acuerdo deberá ratificarse próximamente por las partes y desbloquea el pacto laboral preciso para llevar a cabo una fusión que creará la quinta caja de España por volumen de activos.

El principio de acuerdo supone que las partes se dan dos años de plazo para que un grupo de oficinas que ahora son deficitarias alcancen el umbral de rentabilidad requerido para que no entren dentro del ajuste previsto.

Además, habrá otras bajas que no dependan estrictamente de las prejubilaciones, pero dependerán, como las prejubilaciones, de manera estricta de la voluntariedad de los trabajadores afectados.

Como las personas que podrían prejubilarse en los próximos tres años suman 1.400, el principio de acuerdo alcanzado da a las partes un buen margen de flexibilidad para llevarlo a cabo de manera no traumática, según fuentes sindicales.

Además, se han mejorado las condiciones para las prejubilaciones, bajas incentivadas y se ha otorgado la equiparación laboral de las tres entidades, si bien ésta se llevará a cabo de manera paulatina.

El principio de acuerdo supone mejorar las condiciones económicas para las dos vías voluntarias de desvinculación, tanto las prejubilaciones como las bajas incentivadas.