Las cajas y el PP se embarcan en una ofensiva para despolitizar las fusiones
El PP y las cajas preparan otra nueva ofensiva para intentar cambiar la ley que regula el sector. El objetivo es despolitizar los órganos de gobierno de las entidades y suprimir el veto autonómico cuando una fusión utiliza recursos públicos. Montoro dice sentirse "muy incómodo" con la actitud que están adoptando algunos Ejecutivos autonómicos. Las cajas aprovecharán para pedir cambios y hacer más atractivas las cuotas participativas.
El grado de politización y el intervencionismo que sufren las cajas de ahorros está provocando la hartura y el sonrojo en ambientes financieros y políticos. Cargos públicos vaticinando resultados catastróficos en 2010, presiones de Gobiernos autonómicos para unir las cajas de su comunidad, luchas de poder en la renovación de los órganos de gobierno... se han convertido en el día a día del sector, en uno de los momentos más complicados para el sistema financiero español, con una reestructuración en ciernes.
Este turbio panorama es el que ha vuelvo a provocar que varios agentes sociales y económicos desempolven sus peticiones para despolitizar las cajas. Esta semana ha sido el Partido Popular y las propias cajas las que están gestando una ofensiva para modificar la Ley de ârganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca). Del lado del PP, sus máximos responsables en materia económica explicaron ayer que las dudas que ha generado la reordenación de la industria obligan a abordar una revisión de la ley. Del lado de las cajas, el consejo de administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), debatió el miércoles sobre la necesidad de modificar la legislación del sector. CC OO, sindicato mayoritario en las cajas, también estaría a favor de un cambio, pero orientado a fomentar las alianzas entre cajas a través de la creación de otra caja que agrupe entidades de ahorros de diferentes regiones. No quieren bancos como vía para reestructurar el sector en las conocidas como fusiones virtuales.
El coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, respaldado por los pesos pesados del partido en esta materia, ofreció ayer su visión sobre la situación de las cajas. Después de aclarar que desde Génova, 13, no se está impulsando ninguna operación de integración, Montoro aseguró que "dada la confusión" existente es "necesario abordar la reforma de la Lorca".
Cambios urgentes
Los dos cambios legislativos que, a su juicio, es necesario encarar cuanto antes son la restricción del acceso de cargos públicos a los órganos de gobierno de las cajas, y la supresión del derecho de veto autonómico en aquellas fusiones que requieran el uso de fondos públicos. En el primer aspecto, Álvaro Nadal, secretario de Economía y Empleo del PP, recordó que la propuesta de su partido es hacer incompatible el puesto de consejero en una entidad de ahorro con el desempeño de un cargo público. Actualmente, buena parte de los consejeros son concejales o diputados autonómicos. Respecto a la segunda reforma, Montoro dijo ayer que se sienten "muy incómodos" con la actitud que han tomado algunos Ejecutivos regionales de promover a toda costa las fusiones de las cajas de la misma Comunidad y torpedar los intentos de operaciones interregionales. Este es el caso de la Gobierno de la Comunidad Valenciana, que ha defendido abiertamente la integración de las tres entidades con sede en la región. Para evitar estas situaciones, el coordinador económico del PP abogó por suprimir el veto autonómico cuando una caja reclame fondos públicos para hacer frente a una fusión.
Montoro también se refirió a la situación de la intervenida Caja Castilla La Mancha (CCM) al asegurar que el proyecto de integración parcial con Cajastur -que cuenta con el visto bueno del Banco de España- conlleva "la desaparición" de la caja manchega. En su opinión, la solución alcanzada es probablemente ilegal. También advirtió de que, con la utilización de una ficha bancaria inactiva para instrumentar la fusión, "se abre la puerta a la bancarización de las cajas" y a su "desnaturalización".
La necesidad de cambiar la ley de cajas fue también el tema estrella en el consejo del miércoles de la CECA. La idea es revitalizar el debate con los distintos agentes económicos para volver a presionar para su modificación.
Los 10 días de Feijóo
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo se dio ayer un plazo de diez días para intentar consensuar una propuesta sobre el futuro de las dos cajas gallegas -Caixa Galicia y Caixanova- con formaciones políticas, empresarios, sindicatos y las propias entidades."Las cajas son responsables ante toda la sociedad ya que de su decisión depende que Galicia acierte en el mapa financiero de España", argumentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de la Xunta, donde anunció que enviará una carta a los responsables de entidades, partidos, sindicatos y empresarios para hacer "una reflexión conjunta".Así, certificó que, tras meses de "prudencia y rigor", su Gobierno ha concluido los análisis económicos en los que trabajó hasta el momento y avanzó que "le gustaría" presentar su propuesta antes de emprender del 2 de diciembre.
"Es irresponsable especular con CAM"
La resaca de las declaraciones del vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, en las que auguraba pérdidas para 2010 en Caja Mediterráneo (CAM), dejó ayer un reguero de declaraciones, fundamentalmente críticas. La caja afectada, en un comunicado, negó que prevea tener pérdidas el año que viene y calificó de "grave irresponsabilidad" la especulación sobre sus resultados o sobre los de cualquier entidad financiera". La caja que preside Modesto Crespo, aseguró que contempla una continuidad de los beneficios presentados en septiembre (199,7 millones).Camps, que negó que hubiera hecho las polémicas declaraciones, recibió también críticas desde la esfera política. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, pidió "la destitución inmediata" del consejero. A esta petición, Francisco Camps, presidente de la Generalitat, respondió: "Que dimita él".También fueron duras las palabras del presidente del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, que encabeza el ala crítica de los populares valencianos y que es contrario a la fusión de Bancaja y CAM. "El número de despidos que conllevaría, en torno a los cuatro mil y pico, y el hecho de que compartan mercado, lo que no la haría crecer" son motivos más que suficientes para Ripoll, que respecto a unirse a Caja Madrid dijo que "requiere mucho debate".