España priorizará la lucha antifraude en la presidencia de la UE

El Ministerio de Economía aprovechará la presidencia española de la UE durante el primer semestre de 2010 para impulsar la lucha contra el fraude fiscal a nivel comunitario. Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, apuntó que el objetivo principal pasa por reformar la llamada directiva del ahorro, una norma que entró en vigor en 2005 para establecer un efectivo intercambio de información fiscal entre países miembros y asociados (Suiza, Andorra o San Marino).

Sin embargo, la oposición de Austria, Bélgica o Luxemburgo -con un sistema bancario opaco- convirtió a la directiva en una norma de mínimos que permitió a estos países y a otros como Suiza o Andorra sortear la obligación de intercambiar información a cambio de aplicar un retención sobre los rendimientos del ahorro de los no residentes europeos.

Ocaña considera que ahora, cuando la presión sobre los territorios opacos y de baja tributación se ha incrementado, es un buen momento para reformar esta normativa. La Comisión Europea defiende que debería ampliarse a las empresas -a día de hoy sólo afecta a las personas físicas- y eliminar las excepciones que permiten a algunos Estados sortear la ley.

Hacienda también pretende desarrollar el programa Eurofisc, un proyecto que prevé la creación de una base de datos fiscales compartida por los Estados de la UE. El programa facilitará el intercambio de información fiscal a tiempo real.

Fuera del ámbito comunitario, el Gobierno mantiene numerosas negociaciones para cerrar convenios de doble imposición con paraísos fiscales o territorios opacos de baja tributación. La semana pasada, Economía firmó un acuerdo con Luxemburgo y Ocaña avanzó que, antes de finalizar el año, España y Andorra firmarían un convenio de doble imposición. Ello permitirá abrir, en parte, el secreto bancario del pequeño país pirenaico. De hecho, el Gobierno mantiene conversaciones con más una veintena de países que la legislación española considera paraísos fiscales.

Por otra parte, Ocaña recordó que la reforma del Código Penal aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros prevé un aumento del plazo de prescripción por delito fiscal, que pasa de cinco a diez años, mientras que las penas de cárcel también se amplían de cuatro a seis años. El secretario de Estado de Hacienda apuntó que el cambio puede llegar a afectar, anualmente, a unos 700 contribuyentes. El fraude tributario se convierte en delito cuando supera los 120.000 euros y puede demostrarse que ha existido dolo, es decir, que la evasión fiscal ha sido intencionada.

La gestión del IVA se mantiene

Ocaña se mostró escéptico sobre la posibilidad de permitir a las empresas que ingresen el IVA en Hacienda en el momento de cobrar la factura y no, como sucede ahora, cuando la emiten. "España hará lo mismo que haga la UE", apuntó. Además, advirtió que el cambio de criterio para ingresar el IVA no beneficiaría a todas las empresas y se traduciría en un mayor control por parte de Hacienda sobre las compañías, que deberían facilitar más información a la Agencia Tributaria.

Financiación local. "Las comunidades deben implicarse"

La reforma de la financiación local, en estudio por el Ejecutivo, salió también a colación, a preguntas de los asistentes al Foro, sobre todo la petición formal que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los entes locales puedan participar de los ingresos presupuestarios de las comunidades autónomas. "Los Gobiernos regionales deben implicarse; sería razonable darle una salida a este asunto y el Gobierno está dispuesto a mediar", indicó Ocaña. No obstante, matizó que las comunidades tendrían que renunciar a una parte de sus recursos en un momento en el que la coyuntura es adversa y "eso lo hace difícil". Ocaña zanjó la cuestión con "la necesidad de alcanzar un consenso" en este asunto. Por ahora, ninguna comunidad, salvo Andalucía, se ha mostrado a favor públicamente de compartir sus ingresos con sus municipios, pese a que estos se ocupan de parte de los servicios sociales que les corresponden a ellas.

'Ley Beckham'. "Es de justicia pagar lo mismo por igual salario"

El secretario de Estado argumentó razones de "justicia social" para la modificación de la llamada Ley Beckham, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, por la que un futbolista extranjero que cobre más de 600.000 euros al año tributará al 43% al igual que uno residente en España, en vez de al 24% como lo hace ahora. "Es de justicia que se pague lo mismo por igual salario", dijo.Ocaña resaltó, no obstante, que los no residentes que cobren menos de 600.000 euros podrán seguir optando a tributar al 24% durante cinco años, acomodándose a la norma que se aprobó para incentivar la llegada de profesionales con talento.