Ocaña pide un "compromiso" a las regiones para reducir el déficit en 20.000 millones
Advierte que el Gobierno tiene capacidad para vetar la emisión de deuda autonómica
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reclamó ayer un "compromiso" a comunidades y ayuntamientos para reducir el déficit público en 20.000 millones de euros en los próximos años. En el Foro CincoDías, patrocinado por Accenture, el número dos de Elena Salgado en Hacienda recordó que la Administración central gestiona sólo un 21,5% del gasto público. El resto se reparte entre la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los municipios.
Así, para cumplir el Pacto de Estabilidad de la UE -que fija el déficit máximo en el 3% del PIB- resulta indispensable la "colaboración" de todas las Administraciones. Ocaña recordó que, según las previsiones del Gobierno, los números rojos del sector público ascenderán al 9,5% del PIB este año. Parte de este déficit, un 4% del PIB, "se explica por las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno" -como el fondo de empleo local- y por el incremento del gasto ligado a las prestaciones por desempleo. El resto, un 5,5%, corresponde a déficit estructural, es decir, que se mantendrá aunque la economía vuelva a crecer.
Ello es así porque los ingresos derivados del boom inmobiliario no se recuperarán a pesar de que el PIB regrese a tasas positivas. Atajar este déficit estructural supone una "prioridad" que puede lograrse subiendo impuestos o recortando gastos. Y, en palabras de Ocaña, "ya no hay margen para incrementar los tributos" tras las modificaciones incluidas en los Presupuestos de 2010. El Gobierno confía en obtener 13.000 millones adicionales por la eliminación de la rebaja fiscal de 400 euros y por la subida de los impuestos especiales, del IVA y del tipo que grava las rentas del ahorro.
El Ejecutivo insta a las comunidades a racionalizar los costes salariales y redefinir sus estructuras organizativas
Si se cumplen las previsiones, Ocaña estima que aún sería necesario reducir el déficit unos 20.000 millones de euros para sanear las cuentas públicas. "Un ajuste que debe producirse a través de un recorte del gasto y afectar a todas las Administraciones". El secretario de Estado de Hacienda resaltó la importancia de racionalizar los costes de personal y recordó que en 2008 el incremento de las remuneraciones salariales en el conjunto de Administraciones públicas aumentó un 9,1%, "siendo especialmente intenso este crecimiento a las comunidades autónomas", que son responsables de la mayor parte del gasto en personal.
Por otra parte, la "necesidad imperiosa" de aplicar una política de austeridad pasa también por redefinir "las estructuras organizativas". En este sentido, el Gobierno estudia eliminar organismos públicos de la Administración central. Si bien Ocaña hizo hincapié en el papel relevante de las comunidades para reducir el déficit, reconoció que la capacidad de influencia del Gobierno sobre los Ejecutivos autonómicos es limitada. Aun así, advirtió que cuando una comunidad incumple el objetivo de estabilidad -para 2010 se sitúa en un déficit máximo del 2,5% del PIB-, el Gobierno central puede vetar la emisión de deuda autonómica. Esta competencia permite al Gobierno ejercer presión sobre las autonomías y marcar, hasta cierto punto, el rumbo a seguir por los Ejecutivos autonómicos.
Sobre la posibilidad de aplicar medidas más "expeditivas" para rebajar el nivel de gasto de las comunidades, Ocaña apuntó que "desbordarían el ordenamiento legal". Aunque apremió a alcanzar un acuerdo político para "reforzar el compromiso con el equilibrio presupuestario" de las Administraciones.
Amenaza autonómica en las previsiones
Las previsiones del Gobierno contemplan cerrar el año con un déficit del 9,5%, una estimación que Ocaña consideró atinada aunque reconoció que su cumplimiento dependerá de los datos de ejecución de las comunidades. El secretario de Estado reconoció que, en función del balance fiscal de las regiones, el déficit podría superar el umbral del 9,5%.
En cualquier caso, recordó que el plazo fijado por la Comisión Europea para cumplir el Pacto de Estabilidad se amplió un año hasta 2013, lo que ofrece un mayor margen para establecer un ajuste fiscal "importante pero no imposible".