La razonable demanda de reformas
El Instituto de la Empresa Familiar, que agrupa a presidentes, consejeros delegados y otros directivos de corporaciones controladas por capital familiar que generan 150.000 millones de euros de ventas anuales y emplean a 780.000 personas, ha puesto en común las demandas genéricas de los sectores en los que trabajan para superar la crisis. Las soluciones que detectan no son nuevas: reforma laboral, cambio del modelo de crecimiento, reducción de costes de producción, ayudas a la internacionalización, fomento de la innovación, estímulos a los emprendedores, etcétera.
Pero llaman la atención sobre una cuestión que consideran vital: la incapacidad de las fuerzas políticas para consensuar su plan de acción y recuperar el crecimiento. "A los ciudadanos y a las empresas se nos pide solidaridad en forma de impuestos, y a cambio no recibimos lo que merecemos, que es, cuanto menos, responsabilidad y valentía política para alcanzar unos acuerdos que permitan llevar a cabo las transformaciones que España precisa". Esta frase del presidente del Instituto de Empresa Familiar, Simón Pedro Barceló, resume la principal causa del desasosiego del empresariado, al que pide acertadamente que no caiga en la depresión, que no permita que sea el pesimismo quien marque la pauta del comportamiento empresarial.
La encuesta del CIS publicada la semana pasada alertaba de que la situación de enfrentamiento político, en parte por los reiterados casos de corrupción que han emergido, preocupaba más a los españoles que el desempleo que afecta a más de cuatro millones de personas. Gobierno y oposición no pueden seguir quemando meses en espera, uno, a que la situación económica y social se solvente con el único concurso de la recuperación internacional, y la otra a que la crisis resquebraje el crédito gubernamental para revertir las posiciones electorales.
La ciudadanía, y el empresariado también, exigen una solución pactada para superar la parálisis lo más pronto posible. Sólo un acuerdo sobre cuestiones vitales que afectan a la estructura productiva del país, a los mecanismos impositivos y al destino de los recursos puede convertir tales instrumentos en útiles vías para recuperar la confianza en las propias posibilidades del país. El daño social generado por la crisis es más elevado en España que en los países del entorno, pues ninguna economía madura ha llevado su tasa de desempleo hasta cerca del 20% en tan sólo 20 meses, ni tiene las recuperación tan hipotecada, a juzgar por el agotamiento de su modelo de generación de riqueza y por el nivel formativo de su población parada. Todas las reformas que aceleren la estabilización de la economía, frenen la pérdida de empleo y amplíen el crecimiento potencial para el futuro deben ponerse ya sobre la mesa, y buscar el mayor grado de consenso para aplicarlas con eficacia.