Gas Natural denuncia que el decreto del carbón "alterará" los precios eléctricos

Las medidas para acabar con el colapso del carbón nacional costarán 750 millones al año; "alterarán" los precios eléctricos y castigarán a los ciclos combinados, cuya producción caerá en 11.200 MW. Así lo cree Gas Natural, que, en sus alegaciones ante el regulador energético, pide que la producción obligada sea muy inferior y en línea con la que establece el Plan del Carbón.

Gas Natural-Unión Fenosa ha sido la compañía más madrugadora a la hora de presentar alegaciones al real decreto por el que el Gobierno impone a las eléctricas el consumo de carbón autóctono a un precio regulado. Con la norma en trámite, se pretende acabar con el colapso de este mineral, que, en medio de una demanda deprimida, no logra competir con los precios del mercado mayorista.

Y ha alegado duramente. Según el escrito remitido al consejo consultivo de la CNE, que debe elaborar un informe no vinculante sobre el borrador del decreto, la compañía que preside Salvador Gabarró considera que la norma supondrá una intervención en el mercado eléctrico incompatible con la libre competencia. Además, aunque se busca que el impacto económico sea el menor posible, "las medidas propuestas alterarán necesariamente los precios del mercado eléctrico". La retirada forzosa de otras centrales económicamente más eficientes encarecerá el sistema eléctrico en unos 750 millones de euros al año, según el escrito, que alerta también sobre los daños medioambientales.

Gas Natural calcula que la medida, que supone el funcionamiento de las centrales de carbón a través de un nuevo mercado de restricciones por garantía de suministro gestionado por REE, supondrá "una reducción de la producción previsible con ciclos combinados de 11.200 GWh". La compañía considera que la cantidad de mineral a quemar, 27.200 GWh, es superior en unos 10.000 MW, a los volúmenes exigidos por el Plan Nacional de Reservas Estratégicas de Carbón 2006-2012. En este sentido, opina que la explotación de la minería subterránea sería suficiente para obtener dicha reserva y "se podría dejar en suspenso la producción de carbón a cielo abierto", lo que reduciría la producción a la mitad.

Gas Natural, que inició la integración con Fenosa el pasado 1 de septiembre, denuncia que la norma hace recaer todo el esfuerzo en el sector eléctrico "y ninguno sobre la minería, ya que no impone ninguna limitación a la extracción de carbón". La defensa del carbón con la excusa de garantizar el suministro no se sostiene, según la alegante, pues aquél se garantiza con la generación térmica en general, que incluye también el gas. Además, entiende que el parque de carbón no corre riesgos de cierre, pues se han realizado inversiones para su adaptación medioambiental.

"Acotar" las renovables

Gas Natural propone que todos los sectores arrimen en el hombro para minorar el impacto económico de la medida, a la vista del incremento de la producción del régimen especial y de la caída de la demanda. Y, que en cualquier caso, se respeten las producciones del Plan del Carbón.

Con todo, reclama urgentemente que se resuelvan los serios problemas estructurales del sector "racionalizando" los costes de las primas de las renovables. Para ello, señala, "sería necesario acotar la entrada en servicio" de nuevas instalaciones de esta tecnología.

Pese a las críticas de esta compañía, el borrador del real decreto establece que las centrales que casen en el mercado y resulten expulsadas tras el acomodo del carbón cobren el lucro cesante. En este caso, Gas Natural pide que no se fiscalicen los contratos de take or pay para poder recibir este precio y se establezca un valor estándar.

Más poder para REE

Una de las críticas más duras de Gas Natural en su escrito es el poder que el decreto del carbón otorga a REE (a la que se atribuye la autoría del texto legal, según fuentes del sector), Omel y la CNE. Ello conduce, en su opinión, a "una fuerte intervención en el mercado".

La gran industria pide que la tarifa no soporte las ayudas

También los grandes consumidores industriales agrupados en AEGE (ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa) han dado su opinión sobre las polémicas medidas para proteger el carbón nacional. Para AEGE el decreto en trámite (debe pasar también por el Consejo de Estado) no responde a un problema que se detectado en el funcionamiento del mercado, sino "de pérdida de competitividad del carbón nacional".Los industriales critican que las ayudas, en lugar de financiarse vía impuestos, lo hagan a través del mercado eléctrico. Y es aquí donde plantean las mayores reservas, pues para ellas la electricidad es una materia prima fundamental, cuyo incremento de coste se sumaría a la crisis económica que ya soportan.En este punto, AEGE recuerda que la UE, y ya hay antecedentes en España, es contraria "a la utilización de la factura eléctrica como vía para solucionar los problemas de índole social". La fórmula utilizada supone un "cambio conceptual" importante para apoyar a una tecnología concreta. "Hoy es la del carbón y mañana puede ser cualquier otra".