Reformas para activar el crecimiento
Cada vez hay menos dudas de que la economía española se está quedando rezagada en la recuperación. Tanto el FMI como la Comisión Europea coincidieron ayer en este punto. Mientras que la mayoría de países comunitarios -más EE UU y Japón- empiezan a salir de la crisis, España tendrá que esperar al menos dos trimestres más, y será de los pocos países desarrollados que el próximo año siga en negativo. Si las previsiones de la Comisión se cumplen, hasta 2011 no volverá a crecer el PIB español.
No obstante, hay que matizar el optimismo a nivel internacional, pues ambos organismos coinciden en que la recuperación mundial será muy lenta, con una evolución en forma de L. La eurozona, según las previsiones de Bruselas, aumentará en 2011 un 1,5%, lejos del potencial de crecimiento del 2%. Lo que implica que aunque España puede beneficiarse de la mejora de los socios comunitarios, ésta no será suficiente para tirar de la economía nacional.
Parece que habrá que apostar por el consumo interno para salir del túnel, lo que no es demasiado halagüeño. Especialmente si se analiza con detalle las cifras que la Comisión prevé para 2011. Entonces España ya volverá a crecer (un limitado 1%), pero aún por debajo de la media de la eurozona. Sin embargo, el panorama es ciertamente desolador, ya que aflorarán los desajustes crónicos de la economía. Para empezar, el paro seguirá aumentando a ritmos muy superiores al resto de los socios comunitarios y se situará en el 20,5%. Un nivel que debe hacer sonrojar a los responsables políticos. No se comprende que un país desarrollado soporte sin pestañear que uno de cada cinco ciudadanos que quieren trabajar no encuentre ocupación.
Pero no es el único problema a la vista. La tradición inflacionista volverá a campar a sus anchas y mientras la media comunitaria se colocará en el 1,5%, para España se contempla un 2%. Un cáncer que carcome la competitividad de las empresas y que inexplicablemente se acepta como inevitable. Para completar el cuadro, se habrán perdido unas cuentas fiscales saneadas, con un déficit presupuestario tres puntos superior a la media y una deuda pública 14 puntos por encima del límite del 60% del PIB.
Ante tales previsiones, se justifica plenamente la advertencia que el FMI hizo ayer a España ante semejante déficit. Aunque de momento no es aconsejable retirar los estímulos en su totalidad, es indudable que el Gobierno debe presentar un plan urgente y creíble que explique cómo se va a corregir este desajuste. De momento ha cumplido el primero de los consejos del organismo internacional con la subida de impuestos prevista en los Presupuestos de 2010. También debería afrontar un ajuste del gasto más eficiente.
Desde numerosas instancias se explica este retraso de la economía española por el fuerte peso del sector inmobiliario. Su derrumbe está generando efectos que se dejan notar en muchos campos económicos: aumento del paro, caída de los ingresos fiscales de las Administraciones públicas, ralentización del tejido industrial dada la importancia de la fabricación de material de construcción e incluso sobre la estabilidad financiera dado el volumen de impagados de promotores e hipotecas. Lo cual explica en parte, pero no justifica, que España quede rezagada.
Todos esos desequilibrios de le economía española son sobradamente conocidos. Sin embargo, y esto es lo verdaderamente dramático, tras seis trimestres en recesión y con un paro descontrolado -en octubre se apuntaron al Inem casi 100.000 personas más- el Gobierno no ha presentado un plan de medidas estructurales que contribuyan a mejorar la competitividad y productividad de las empresas nacionales.
La lista de reformas pendientes es larga e igualmente reconocida por buena parte del espectro económico nacional: una reforma laboral que rompa la dualidad de un mercado con trabajadores sobreprotegidos frente a los mileuristas, la reestructuración de las cajas de ahorros, el abaratamiento de la factura energética, la liberalización de unos servicios caros y poco competitivos, una desregulación de la burocracia que frena el desarrollo o la mejora de una educación insuficiente y una justicia ineficaz. Una lista de deberes que no se debe retrasar ni un minuto.